Fernando De Rosa: “La desidia del Gobierno ha puesto en peligro al funcionamiento de la Administración de Justicia”
Los populares presentan diez enmiendas al Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas frente al Covid19 en la Administración de Justicia
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Aunque el Congreso aprobó la ley en el mes de julio, no ha entrado en el Senado hasta el 28 de agosto
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Los populares culpan al Gobierno del retraso en la agilización de los juzgados por negarse a habilitar el mes de agosto para trabajar en la Ley
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“El inicio del año judicial tendría que haberse hecho con las máximas garantías de salud y haber evitado el colapso en los juzgados” apunta De Rosa
El Grupo Popular ha presentado en el Senado un total de 10 enmiendas al Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. El portavoz popular en la Comisión, Fernando de Rosa, cuestiona el retraso del Gobierno en tramitar el Proyecto de Ley en el Senado y las consecuencias para la Administración de Justicia. “La desidia del Gobierno ha puesto en peligro a los funcionarios y a todo el personal de la Administración de Justicia al no haber puesto en marcha las medidas contra el COVID19”.
Fernando de Rosa. “Ni el PSOE, ni el Gobierno nos han escuchado»
El Congreso decidió dar “competencia legislativa plena” a su Comisión de Justicia, por lo que no tenía que ser ratificado por el Pleno del Congreso y se debía haber enviado al Senado para completar su tramitación, explica Fernando de Rosa. “Ni el PSOE, ni el Gobierno nos han escuchado. Las medidas aprobadas en julio deberían estar en marcha antes del inicio del Año Judicial, tanto en seguridad, como para evitar el colapso en los juzgados” y se queja de que, hasta el 28 de agosto, no ha entrado la Ley en la Cámara Alta.
En los últimos meses, tanto el portavoz de Justicia del GPP, Fernando de Rosa, como Cristina Ayala, miembro de la Mesa del Senado y los senadores populares de la Comisión de Justicia han mantenido varias reuniones con operadores jurídicos, jueces y magistrados, así como con funcionarios de la Administración de Justicia. “Las enmiendas que hemos presentado tratan de aunar todas las reclamaciones que nos hicieron” apunta De Rosa.
Enmiendas
El Grupo Popular ha presentado 10 enmiendas al texto del Proyecto, relativas a los concursos de acreedores; el acceso a los equipos de protección por parte de los empleados públicos; la atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía a través de videoconferencia, vía telefónica o a través del correo electrónico; garantizar la protección de la salud de las personas en las salas de vistas; y la creación de los Juzgados de 1ª Instancia especializados en Materia Hipotecaria y de Consumo, entre otros asuntos.
En relación con la subasta extrajudicial, Fernando de Rosa señala que “el éxito de dicha subasta ha quedado de manifiesto desde su vigencia y un claro ejemplo son los resultados obtenidos por el portal de subastas telemático de los Colegios de Procuradores, que han logrado la subasta exitosa de un número importante de activos, en muy corto espacio de tiempo, posibilitando de esa manera la satisfacción de los créditos de los acreedores, generalmente insatisfechos, y generando movimientos considerables en el ámbito de la economía, aspecto positivo este del Real Decreto-Ley 16/2020 que debe tenerse en consideración y que no puede quedarse al margen de este Proyecto de Ley”.
Así mismo, el portavoz popular recuerda la importancia de realizar auditorías periódicas a las instalaciones judiciales que verifiquen la adecuación de las sedes judiciales a lo dispuesto en cada momento por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio.
Además, con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, hasta el 20 de junio de 2021, el PP propone que el órgano judicial ordene, en atención a las características de las salas de vistas, el acceso del público a todas las actuaciones orales, que no podrá exceder del aforo máximo dispuesto por las autoridades sanitarias y establecidos por las administraciones competentes en materia de protección a la salud y seguridad laboral dentro de las sedes de la Administración de Justicia.
En cuanto a la atención de los profesionales, Fernando de Rosa afirma que “no es razonable que se pretenda limitar el acceso a las sedes judiciales a los profesionales que han prestado sus servicios durante el estado de alarma y durante la habilitación parcial del mes de agosto, sin más limitaciones que las derivadas de la protección de la salud, pautadas por las autoridades competentes”.
“Si la finalidad es la protección y seguridad de las personas, existen otros medios y medidas para procurarla, que no afecten al normal funcionamiento de la administración de justicia, que pasará a ser indudablemente “anormal”quienes deben prestar sus servicios profesionales en sus sedes,se les imponen limitaciones para acceder a ellas”, apunta el senador popular.
