El Partido Popular ha presentado una iniciativa en Les Corts para instar al Gobierno central a paralizar la reforma judicial que obliga a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a asumir también los delitos sexuales cometidos hacia las mujeres. Desde el grupo parlamentario popular advierten de que esta medida, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la nueva Ley de Eficiencia Judicial, puede colapsar unos juzgados que ya se encuentran «al límite de su capacidad».
La portavoz popular en materia de Violencia contra la Mujer, Verónica Marcos, ha denunciado que esta reforma supondrá un retroceso en la protección de las víctimas de violencia de género.
“El PSOE vuelve a aprobar reformas sin prever las consecuencias reales ni garantizar los medios necesarios para aplicarlas”, ha afirmado Marcos, que ha recordado también los efectos de la Ley del ‘solo sí es sí’, cuya aplicación ha derivado en la reducción de penas a más de 1.200 agresores sexuales.
En su intervención, la diputada ha asegurado que “las juezas ya han advertido del desastre que se avecina, pero el PSOE prefiere el titular al trabajo serio”. Asimismo, ha cuestionado al Gobierno por no haber proporcionado a las comunidades autónomas los recursos necesarios para implementar la ley, tres meses después de su aprobación, lo que —según el PP— agrava los problemas estructurales del sistema judicial y la desigualdad en el acceso a la justicia.
Marcos ha añadido que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la mayoría de operadores jurídicos y jueces especializados han rechazado la reforma. En el caso de la Comunitat Valenciana, el PP estima que la carga de trabajo de estos juzgados aumentará en un 20 %.
En respuesta a la propuesta del Ministerio de Justicia de crear cinco nuevas plazas judiciales en la Comunitat —tres de nueva creación y dos mediante reconversión de juzgados de instrucción—, Marcos ha asegurado que “no se pueden improvisar jueces ni fiscales en pocos meses, ni especializarlos de la noche a la mañana”.
Para la diputada del GPP, la prioridad debe ser reforzar los juzgados, no sobrecargarlos sin medios, ya que esto pone en peligro a las víctimas. “Exigimos al Gobierno medidas reales para proteger a las mujeres. Lo que hace el PSOE es propaganda sin preocuparse por las consecuencias”, ha concluido.
