– El Gobierno valenciano acuerda solicitar la emisión del preceptivo dictamen al CJC y autoriza a la Abogacía de la Generalitat a iniciar los pasos para interponer este recurso de inconstitucionalidad
– El pleno del Ejecutivo autonómico anuncia un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo ante la “negativa” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar la Conferencia de Presidentes
– Ruth Merino informa de que se está investigando un contrato menor realizado por el anterior Consell con la empresa vinculada a la hasta ahora directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García
El Consell ha acordado autorizar a la Abogacía de la Generalitat a iniciar los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, al estimar que infringe varios preceptos de la Constitución Española y del Estatut d’Autonomia, entre los que figuran el principio de legalidad, el derecho a la igualdad ante la ley o la división de poderes.
A través de este acuerdo, se solicita la emisión, con carácter previo a la interposición del recurso, del preceptivo dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y se autoriza a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites para la interposición de este recurso de inconstitucionalidad, tal y como ha explicado en la rueda de prensa la portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino.
“Tenemos la firme determinación de llegar hasta el final con la aprobación de una norma que rompe con la igualdad entre todos los españoles, que premia a los que delinquen, incluso con delitos de malversación, y que relega al resto de ciudadanos a ser ciudadanos de segunda”, ha señalado la consellera.
Ruth Merino ha subrayado en este sentido que la Ley de Amnistía supone una vulneración, por parte del poder legislativo, del principio de legalidad consagrado por la Constitución
Del derecho a la igualdad de todos los españoles ante la ley, reconocido por la Carta Magna y recogido en el Estatut, y y también representa una vulneración de la división de poderes, “al hurtar a los jueces y magistrados sus funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.
Recurso ante el Tribunal Supremo
Por otro lado, la portavoz ha anunciado que el Gobierno valenciano va a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo ante la “negativa” del presidente Gobierno de España, Pedro Sánchez, a convocar la Conferencia de Presidentes.
El Consell argumenta en este sentido que se ha incumplido la obligación legal de convocar la Conferencia de Presidentes dos veces al año, tal y como establece el Reglamento que regula este órgano de participación, y además, recuerda que tampoco la ha convocado ante la expresa petición de más de 10 presidentes de comunidades y ciudades autónomas (en concreto, por 14, entre ellas, la Comunitat Valenciana) presentada en noviembre de 2023.
Ruth Merino también ha recordado que se ha pedido la celebración de esta Conferencia de Presidentes no solo para abordar la crisis migratoria, sino también otras cuestiones igualmente prioritarias como la reforma del sistema de financiación, sin que hasta ahora se haya atendido esta petición.
Por ello, ante la “inactividad” del Consell y lo que se considera una “deslealtad institucional” se ha decidido acudir a la vía contencioso-administrativa para reclamar la convocatoria de este órgano de interlocución del Gobierno con las comunidades autónomas.
Investigación sobre un contrato menor
Asimismo, la consellera ha informado de que se está investigando “un contrato menor realizado por el anterior Consell del Botànic con la empresa vinculada a la hasta ahora directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García”, cesada este miércoles por el Consejo de Ministros. La portavoz ha indicado que, a raíz de los últimos acontecimientos, y, dado que al actual Ejecutivo valenciano le preocupa el destino de “hasta el último euro de los valencianos”, se ha iniciado esta investigación para conocer los “términos y circunstancias” en que se produjo esta contratación y determinar si ha podido existir “trato de favor”.
Según ha indicado Ruth Merino, se trata de un contrato menor firmado en mayo de 2023 por la entonces directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, María Such, por importe de 14.250 euros, dirigido a cubrir el servicio de información, asesoramiento, prevención y denuncia en los puntos violetas en festivales de la Comunitat Valenciana. La contratación finalizó en septiembre de 2023.
Oferta de Empleo Público en Educación
Además, el Consell ha aprobado la oferta de empleo público de personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para el año 2024.
En concreto, la tasa de reposición es de 1.339 puestos docentes, pero este año, con la finalidad de reducir el porcentaje de personal funcionario interino y avanzar en la estabilidad en el empleo público docente, se ha decidido aumentar en un 20 % esta tasa, ofertando 268 plazas más.
El número de plazas por procedimiento de ingreso será de 1.590 plazas para Secundaria; 7 plazas para profesorado especialistas en Sectores Singulares de la Formación Profesional; 6 plazas para Escuelas Oficiales de Idiomas; 2 plazas para profesorado de Música y Artes Escénicas; y 2 plazas para profesorado de Artes Plásticas y Diseño. Del total de plazas se reservará un 10 % para personas con diversidad funcional.
El Consell ha acordado también el nombramiento de José Manuel Camarero Benítez como secretario autonómico de Turismo, y su cese como director general de Turismo. Asimismo, se ha aprobado la designación de Israel Martínez Fernández en la vacante que deja José Manuel Camarero en esta dirección general.
