El Pleno del Consell ha validado la autorización a la Abogacía General de la Generalitat para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 658/2025, que desarrolla las medidas impuestas por el Gobierno central en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados.
Esta decisión se suma al recurso de inconstitucionalidad ya interpuesto en mayo contra el Real Decreto Ley 2/2025, al entender que ambas normas vulneran el orden constitucional de distribución de competencias, suponen una carga económica insostenible, y ponen en riesgo la calidad del sistema de protección de la infancia y adolescencia.
Así lo ha explicado la portavoz del Consell, Susana Camarero, durante la rueda de prensa posterior a la reunión plenaria, donde ha denunciado que este reparto de menores se ha realizado “de forma unilateral, sin negociación previa, sin explicar los criterios y, lo que es más grave, sin prever los recursos necesarios para atender dignamente a estos menores”.
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“El sistema de protección de menores en nuestra Comunitat ya está tensionado»
Según ha informado, la Comunitat Valenciana debería asumir la llegada de 571 menores, lo que supondría un coste de 44,5 millones de euros anuales, frente a los 7,4 millones anunciados por el Gobierno, que solo cubrirían su estancia durante tres meses. “El sistema de protección de menores en nuestra Comunitat ya está tensionado, y esta imposición solo generaría hacinamiento y falta de atención adecuada”, ha afirmado.
Camarero ha recordado que en 2024 se atendieron 912 menores extranjeros sin referente familiar en la Comunitat, con una ocupación media del 160 %, y que ya se había hecho un esfuerzo inversor de más de 9 millones de euros para aumentar en más del 60 % las plazas de atención residencial. “No es falta de solidaridad, es responsabilidad. No se puede atender a estos menores como merecen sin personal, infraestructuras ni financiación adecuada”, ha remarcado. Además, ha cuestionado que comunidades como Cataluña o País Vasco hayan quedado fuera del reparto y ha lamentado la falta de criterios objetivos de equidad.
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“No es falta de solidaridad, es responsabilidad. No se puede atender a estos menores como merecen sin personal»
La vicepresidenta ha destacado que el recurso cuenta con el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y, al igual que ocurrió con el real decreto ley, se considera que puede infringir el ordenamiento constitucional de distribución de competencias, así como vulnerar los derechos fundamentales de estas personas menores de edad, lo que hace necesaria la presentación del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Lucha contra la pobreza
En esta misma sesión, el Consell ha aprobado un decreto que regula una subvención directa de 17,5 millones de euros a Cruz Roja Española para la ejecución del Programa Básico de Asistencia Material, cofinanciado en un 90 % por el Fondo Social Europeo Plus.
Esta medida permitirá garantizar el suministro de alimentos y productos básicos a familias vulnerables, con especial atención a menores, y será gestionada por Cruz Roja, que ya desarrolló la fase inicial del programa en 2024. “Queremos que ninguna familia se quede atrás, y que quienes peor lo están pasando encuentren apoyo real, rápido y cercano”, ha señalado Camarero.
Acuerdos en educación, industria y transportes
En el ámbito educativo, el Consell ha aprobado el decreto que establece los nuevos currículos de los ciclos formativos de grado Básico de Formación Profesional. Asimismo, se ha aprobado la creación del nuevo CEIP Sibil·la Mercer en Picassent, que comenzará su actividad en el curso 2025–2026, con capacidad para 450 alumnos entre Infantil y Primaria.
Por otra parte, el Pleno ha dado luz verde a la modificación del decreto que regula las ayudas para trabajadores del sector de la automoción afectados por el Mecanismo RED, que suman un total de 35,2 millones de euros hasta 2027.
La nueva redacción simplifica los trámites y adapta el cálculo de las ayudas a las variaciones de jornada o situación laboral. Esta actuación forma parte del plan de choque consensuado en la Mesa del Sector de la Automoción para afrontar los retos de la transición tecnológica y los efectos de la dana.
En el ámbito de la seguridad del transporte, se ha aprobado el contrato de vigilancia y protección de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para el periodo 2026–2028, por un valor estimado de 40,9 millones de euros, con servicios definidos y adaptables según las necesidades de explotación ferroviaria.
Balance del curso político
A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta primera ha hecho un balance del curso político finalizado y ha destacado que han sido meses “marcados por la dana, en los que la prioridad absoluta del Consell ha sido y sigue siendo la reconstrucción de las zonas afectadas”.
Al respecto, ha subrayado “el esfuerzo realizado por la Generalitat, que se ha centrado en ayudar, en acompañar y en resolver los inmensos problemas que ha generado la catástrofe, a los que ninguna administración se había enfrentado antes”.
Por último, ha remarcado “el compromiso del Consell con la recuperación y con la reconstrucción de los municipios y, sobre todo, con las personas afectadas y con las víctimas” y ha asegurado que “seguiremos en esa línea con el mismo impulso y toda la fuerza, porque esta es nuestra máxima prioridad”
