Esta historia comienza con un político haciendo aquello para lo que había sido elegido: fiscalizar al poder. Continúa, pocos días después, alrededor de una mesa con el empresario al que acababa de señalar. Y termina, años más tarde, con dos letras escritas junto a varias cantidades de dinero.
En septiembre de 2005, Rafael Rubio era concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia. También lideraba la oposición al gobierno de Rita Barberá. Desde esa posición denunció públicamente una operación urbanística en la que participaba Construcciones Valencia Constitución, empresa perteneciente a Jaime Febrer.
Rubio sostuvo ante los medios que la mercantil había obtenido unas plusvalías del 196 por ciento gracias a una operación en la que podrían haber existido información privilegiada y trato de favor. Llegó a pedir a la alcaldesa que investigara a su entorno más próximo por lo que calificó como «pelotazos urbanísticos».
La denuncia tenía nombres, cifras y destinatarios. Y, según reconstruye la instructora del caso Azud, provocó inquietud en Febrer.
El 21 de septiembre de 2005, pocos días después de aquellas declaraciones, el empresario se sentó a comer en el restaurante Berenice con Rafael Rubio, José Luis Vera y José María —Pepe— Cataluña, entonces responsable de Finanzas del PSPV-PSOE. La comida figura en las agendas intervenidas a Febrer y ocupa una posición central en la interpretación de la investigación.
- Aquel encuentro no demuestra por sí solo la existencia de un pacto ilícito. Su relevancia aparece al observar lo ocurrido antes y después.
Antes estaba la denuncia pública de Rubio. Después, según la instructora, el empresario buscaba evitar que aquella operación continuara generando informaciones en la prensa o investigaciones dentro del Ayuntamiento.
El auto considera que la mejor salida para Febrer era alcanzar algún tipo de acuerdo con los asistentes. Una anotación incorporada a la causa recoge la «posibilidad de llegar a acuerdo con PP, PSOE». La UCO sostiene, además, que a partir de aquellos encuentros se produjo un cambio en la relación entre Febrer y Rubio, quienes mantuvieron numerosas reuniones durante los años siguientes.
La relación y los obsequios, en realidad, habían comenzado antes de la denuncia.
La documentación incautada refleja que Rafael Rubio ya figuraba desde 2002 entre los destinatarios de los denominados «regalos de Navidad» organizados por Febrer para cargos públicos, funcionarios y personas relacionadas con la Administración. En 2003 aparece un estuche; en 2004, un portafolios. En años posteriores, Rubio figura junto a Vera y Cataluña como destinatario de cajas de vino y champán francés enviadas a la sede socialista de la calle Blanquerías.
Una botella de vino o un portafolios, considerados aisladamente, pueden parecer detalles protocolarios de escasa importancia. La instructora los inserta en una operativa continuada mediante la cual Febrer habría tratado de favorecer, no obstaculizar o silenciar determinadas actuaciones relacionadas con sus intereses empresariales. El significado y el eventual valor probatorio de esos obsequios deberán someterse a contradicción, pero su reiteración forma parte del contexto en el que aparecen después las anotaciones económicas.
- Entre los documentos investigados figuran las letras «R» y, posteriormente, «RR», asociadas a cantidades de 300.000 y 450.000 euros.
- La UCO atribuye esas iniciales a Rafael Rubio y establece por ello una horquilla: un mínimo de 300.000 euros si las anotaciones fueran alternativas y un máximo de 750.000 si fueran acumulables.
La tesis de los investigadores es que esas cantidades estarían relacionadas con la denominada operación Colegios y constituirían una contraprestación por dejar de fiscalizarla y silenciar sus posibles irregularidades. Rubio habría pasado, según esa hipótesis, de denunciar públicamente una operación de Febrer a recibir dinero por no obstaculizarla.
Las anotaciones no aparecen solas. La UCO las relaciona con una operativa bancaria iniciada a partir del segundo semestre de 2007.
Rubio y su esposa, María Amelia Quintana Trenor, alquilaron en agosto de ese año una caja de seguridad en una sucursal del BBVA situada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. La mantuvieron hasta agosto de 2013 y acudieron a ella en 24 ocasiones.
Los investigadores han detectado que en 19 de esas visitas se produjeron, aquel mismo día o en fechas inmediatamente posteriores, ingresos en efectivo en cuentas del matrimonio. Entre 2007 y 2012 se contabilizaron 77 imposiciones por un total de 197.256 euros. Muchas se realizaron mediante cantidades inferiores a 3.000 euros, algunas en la misma jornada o durante días consecutivos.
- La UCO considera que ese fraccionamiento podría haber servido para eludir los mecanismos de control aplicables a movimientos superiores.
- También relaciona el alquiler de la caja, las visitas y los ingresos con el posible manejo e incorporación al circuito bancario de dinero de origen desconocido.
Existe una explicación alternativa que debe constar. La esposa de Rubio declaró haber recibido una herencia de 330.000 euros y sostuvo que ese dinero explicaba los ingresos en metálico. La UCO no considera que esa versión desactive el conjunto de indicios que relaciona: las anotaciones, las fechas, el fraccionamiento de los ingresos, el alquiler de la caja y la correspondencia temporal entre 19 de sus 24 visitas y posteriores imposiciones bancarias.
Una es la explicación ofrecida por la familia de Rubio. La otra, la hipótesis de los investigadores aceptada indiciariamente por la instructora. Será el procedimiento judicial, y no una pieza periodística, el que deba determinar cuál resiste la prueba y la contradicción.
- Rafael Rubio fue detenido en mayo de 2021 cuando ejercía como subdelegado del Gobierno en Valencia y fue cesado tras su detención.
Permaneció cerca de dos meses en prisión provisional. Ahora figura entre las 38 personas respecto de las cuales la jueza ha acordado continuar el procedimiento abreviado. El auto le atribuye indiciariamente delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. La resolución es recurrible y serán las acusaciones quienes deban solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
La presunción de inocencia obliga a no transformar las sospechas en una condena anticipada. Pero no exige ignorar la cronología ni fingir que una sucesión documentada de hechos carece de significado.
Primero hubo una denuncia ante los micrófonos. Después, una comida privada con el empresario denunciado. Más tarde llegaron las reuniones, los regalos, las anotaciones y el dinero en efectivo.
La Justicia deberá determinar si aquellas dos letras identificaban realmente al destinatario de una comisión. Hasta entonces permanece abierta una pregunta mucho más sencilla:
¿Qué ocurrió entre el micrófono y la mesa?
«La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero.
—Agamenón: Conforme.
—El porquero: No me convence».
Antonio Machado, Juan de Mairena.
