El Gobierno municipal de Valencia ha dado un paso más en su estrategia para reactivar la prolongación sur del túnel de Serrería. A través del Grupo Popular en el Congreso, se han registrado seis iniciativas parlamentarias —dos solicitudes de documentación y cuatro baterías de preguntas— con el objetivo de forzar al Ejecutivo a aclarar la situación del proyecto.
La iniciativa, impulsada por la diputada Alma Alfonso, busca cercar al Ministerio de Transportes en distintos frentes: la paralización del contrato, las contradicciones técnicas, la falta de transparencia y la relación institucional con el Ayuntamiento.
Un proyecto paralizado desde 2021
El contrato para el estudio informativo fue adjudicado en enero de 2020 con un plazo de ejecución de 24 meses. Sin embargo, en noviembre de 2021, a solo dos meses de su finalización y con un 76 % ya ejecutado, el Ministerio ordenó su suspensión.
Desde entonces, han pasado más de cuatro años sin que se haya tomado una decisión sobre su reanudación, modificación o cancelación, pese a que ya se han invertido cerca de 200.000 euros en esta fase del proyecto.
Contradicciones y falta de transparencia
Uno de los ejes de la ofensiva política se centra en las incoherencias del propio Ministerio. En 2023, responsables técnicos justificaron la paralización por la necesidad de coordinar informes con otros organismos. Meses después, negaron la existencia de dichas solicitudes.
Además, el Gobierno ha sido acusado de no facilitar documentación clave, pese a resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obligan a su entrega.
La polémica sobre el Corredor Mediterráneo
El Ministerio ha defendido que la obra no puede ejecutarse sin afectar al Corredor Mediterráneo. Sin embargo, el propio pliego técnico del contrato contemplaba analizar soluciones para mantener el tráfico ferroviario durante las obras.
Desde el Ayuntamiento sostienen que esta justificación es “inconsistente”, ya que el estudio suspendido debía precisamente resolver ese problema técnico.
Más de 600.000 euros sin resultados
El bloqueo afecta a dos contratos financiados con fondos públicos: el estudio de viabilidad de 2015, con un coste superior a 440.000 euros, y el estudio informativo iniciado en 2020, con casi 200.000 euros ya ejecutados.
En total, más de 635.000 euros invertidos sin que exista, a día de hoy, un resultado tangible para la ciudad ni una hoja de ruta clara.
Infraestructura clave para Valencia
La prolongación del túnel de Serrería es considerada estratégica para la conexión ferroviaria del puerto, el desarrollo de la fachada marítima y la integración urbana del entorno del Jardín del Turia.
El Ayuntamiento insiste en que el futuro urbanístico y logístico de Valencia depende en gran medida de esta actuación.
Presión institucional al máximo nivel
La alcaldesa ha elevado el tono contra el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, denunciando un “bloqueo injustificado” y un “desprecio institucional”.
Según ha advertido, si el Ministerio no responde por vía administrativa, deberá hacerlo ahora en sede parlamentaria, donde se le exigirán explicaciones formales sobre cada uno de los aspectos del expediente.
