Hay algo profundamente revelador en la política española contemporánea: ya no se defiende la inocencia. Se defiende la pertenencia.
No importa el caso. No importa el sumario. No importa la UCO, la UDEF, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea, los audios, los informes, los rescates sospechosos, los contratos públicos, los enchufes familiares o las agendas telefónicas que parecen el casting de una novela de corrupción ibérica escrita por Valle-Inclán después de tres gin-tonics.
Lo único importante es el clan.
Y ahí aparece esa liturgia obscena que ya conocemos de memoria: —“Todo es un bulo.” —“La ultraderecha judicial.” —“La máquina del fango.” —“Los jueces reaccionarios.” —“Los pseudomedios.” —“La persecución.”
Una especie de catecismo defensivo automático donde la realidad ya no se analiza: se neutraliza.
La noticia de las investigaciones y diligencias relacionadas con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha provocado exactamente la misma reacción pavloviana que vimos con Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, el entorno de Begoña Gómez, David Sánchez o el Fiscal General del Estado.
Ni una sola pausa.
Ni una sola prudencia intelectual.
Ni una sola distancia crítica.
Nada.
Porque en el PSOE sanchista —y especialmente en el zapaterismo tardío— la presunción de inocencia ha mutado en dogma de pureza tribal.
Y ojo: la presunción de inocencia es un pilar jurídico indispensable.
Pero convertirla en inmunidad moral automática es otra cosa muy distinta.
Porque una democracia sana exige dos cosas simultáneamente:
que nadie sea condenado sin pruebas;
y que nadie quede blindado sólo por pertenecer al aparato.
Lo grotesco es observar cómo muchos de los mismos que durante años predicaron condenas mediáticas instantáneas y superioridad moral permanente descubren de repente la exquisita delicadeza procesal, el garantismo zen y la prudencia budista cuando los investigados son “de los suyos”… Es fascinante.
España ha pasado de “hay que creer siempre” a “no hay nada que ver aunque entren registrando despachos”.
Y mientras tanto, el argumentario oficial continúa funcionando como una fotocopiadora soviética:
Si investiga la UCO → conspiración.
Si investiga la UDEF → cloacas.
Si informa la prensa crítica → ultraderecha.
Si un juez admite diligencias → lawfare.
Si aparecen indicios → persecución política.
Si hay audios → contexto manipulado.
Si hay contratos → casualidades administrativas.
Si hay familiares → misoginia o fascismo.
Si alguien pregunta demasiado → fango.
La corrupción ya ni siquiera se niega con argumentos. Se disuelve semánticamente.
Pedro Sánchez elevó esto a categoría doctrinal: la construcción de una realidad paralela donde cualquier crítica institucional es presentada como un ataque a la democracia, al progreso o a la convivencia.
Y Zapatero fue, probablemente, uno de los grandes arquitectos emocionales de esa cultura política: la del relato por encima de los hechos; la del sentimentalismo ideológico como escudo; la de la superioridad moral automática; la de convertir cualquier sospecha sobre el propio entorno en sacrilegio democrático.
Por eso resulta tan revelador ver ahora a tantos dirigentes salir en tromba a defender a Zapatero no desde los hechos, sino desde la fe.
“Yo estoy con Zapatero.”
“No pararán.”
“Todo mi apoyo.”
Magnífico.
Emotivo.
Conmovedor.
Casi una escena de secta terapéutica.
Pero uno echa de menos algo parecido a: “Esperemos a conocer los hechos.”
“Si hay responsabilidades, deberán asumirse.”
“La ejemplaridad importa.”
No.
Eso quedó reservado para los adversarios.
Aquí sólo hay blindaje corporativo.
Y mientras reparten carnés de demócrata desde la tarima moral, insultan jueces, desacreditan investigadores, señalan periodistas y convierten cualquier investigación incómoda en una operación política.
Curiosamente, siempre ocurre cuando el investigado lleva carné socialista.
Porque el problema ya no es sólo judicial.
Es cultural.
Es institucional.
Es ético.
Cuando un sistema político convierte toda investigación en una agresión ilegítima, deja de defender el Estado de Derecho y empieza a parecerse demasiado a una estructura de autoprotección.
Y ahí reside el verdadero deterioro.
No en que existan investigaciones.
Eso es precisamente lo sano.
Lo verdaderamente tóxico es que una parte del poder político y mediático haya decidido que investigar a ciertos nombres ya constituye, por sí mismo, un crimen ideológico.
La democracia no muere cuando un expresidente es investigado.
La democracia empieza a pudrirse cuando una élite política pretende que ciertos nombres sean intocables.
Y quizá el mayor escándalo ya no sea la corrupción.
Quizá sea la costumbre.
“España no se está acostumbrando al barro. Se está acostumbrando al olor.”
Jose Navarro
