El ministro Marlaska está haciendo una clara dejación de sus funciones, seguramente porque está más pendiente de intentar desacreditar a la Guardia Civil y a la Policía. Pero esta ineptitud fue vista por millones de españoles que siguieron la final de Wimbledon el domingo pasado en Londres, en la que Marlaska se encontraba tan tranquilo y relajado mientras se producían escenas de graves altercados de orden público en Torre Pacheco.
Marlaska se ha convertido en el ministro más reprobado de la historia de la democracia por su “irresponsabilidad política”, y una vez más ha sido acusado por los sindicatos policiales de anteponer los intereses del PSOE a los de la seguridad de los ciudadanos , como ha ocurrido en los recientes altercados en Murcia ya que hasta el domingo no se decidió a mandar a antidisturbios para garantizar el orden público.
Pero para esta utilización sectaria de la seguridad pública, el reprobado ministro tiene una aliada de excepción, que es la presidenta del Congreso de los Diputados que tiene guardadas en un cajón hasta 41 leyes, entre ellas la ley presentada por el Partido Popular de “antiokupación”, la ley de multirreincidencia y la ley de ampliar los delitos susceptibles de ser penados con la prisión permanente revisable, leyes que supondrían dotar de medios eficaces a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Justicia de medios para combatir la delincuencia.
Los que delinquen, sean extranjeros o nacionales, deben de ser llevados al Juzgado de forma inmediata e ingresar en prisión, en los supuestos previstos en el Código penal y las leyes procesales. Evidentemente el extranjero que ha entrado de forma irregular debe ser expulsado y efectuar un control de las fronteras para evitar que vuelva a entrar de forma ilegal. Los ciudadanos merecen estar seguros y no a expensas de unos delincuentes que casa vez se encuentran más crecidos por una política ineficaz de un ministro sectario.
Pero en la Comunitat Valenciana tenemos a la alumna aventajada de Marlaska que es la Delegada del Gobierno Pilar Bernabé, que en vez de preocuparse del aumento de la delincuencia relativa a las agresiones sexuales y riñas multitudinarias así como a los robos tanto violentos como de fuerza, se dedica a ser la más sanchista y a hacer oposición a la Generalitat Valenciana.
El último episodio de inseguridad ciudadana ha sido una situación de ocupación ilegal en el municipio cde Carcaixent, en la que un concejal del Partido Popular ha sido amenazado y ha sufrido un intento de agresión por un colectivo de okupas cuando acudió con una patrulla de la brigada municipal para tapiar una vivienda “okupada” que había quedado vacía.
Lo ocurrido en Carcaixent es algo que sufren todos los días ciudadanos de muchos municipios en la Comunitat, ante la desidia de la Delegada que no solo no actúa sino que encima niega la realidad de la gravedad de la “okupación”. La táctica de la “avestruz” la domina perfectamente Pilar Bernabé, que sigue a pies juntillas las directrices del reprobado ministro, que es negar la realidad y cuando se produce el repunte de la delincuencia en seguida busca un “chivo expiatorio”, para encontrar un culpable.
La seguridad ciudadana es una cuestión de Estado y no puede caer en manos de sectarios, como ocurre actualmente tanto a nivel ministerial como en lo referente a la Delegación de Gobierno en la Comunitat, porque quién lo paga son los ciudadanos. Sin duda hay que dotar de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad y crear más unidades judiciales y no caer en la tentación sectaria de responsabilizar a los “otros”, como ha hecho el ministro Óscar López que no se le ha ocurrido más que acusar a Ayuso de los incidentes de Torre Pacheco.
El cambio también es necesario en materia de seguridad ciudadana ya que se debe actuar con firmeza. Así debe combatirse la delincuencia sin miedo, sea el delincuente nacional o extranjero, debe combatirse con el Código Penal, con las expulsiones que permite la actual legislación y con firmeza en la política de fronteras, solo de esta forma los ciudadanos estaremos seguros.
