La Agenda 2030, impulsada desde organismos internacionales y asumida sin apenas debate por nuestros gobiernos, ha introducido una serie de objetivos que, sus consecuencias reales sobre el sector agrícola español son cada vez más devastadoras.
En lugar de fortalecer al mundo rural, estas políticas lo están estrangulando con regulaciones, prohibiciones y cargas que alejan a los jóvenes, empobrecen a los productores y rompen la conexión histórica entre el español y su tierra.
Las políticas verdes castigan al agricultor local y benefician al gran capital
La imposición de requisitos medioambientales desorbitados no afecta por igual a todos. Los grandes grupos agroindustriales tienen recursos para adaptarse, externalizar costes y presionar a los gobiernos. Pero el pequeño agricultor, el que sostiene la vida en miles de pueblos de España, se ve obligado a elegir entre endeudarse o abandonar su explotación.
Mientras tanto, las cadenas de supermercados se llenan de productos llegados de países donde no existe ni la mitad de las exigencias medioambientales o laborales. ¿Qué sentido tiene castigar al agricultor español para luego importar fruta de Marruecos o legumbres de Perú?
Un modelo de sostenibilidad impuesto desde arriba
La sostenibilidad, bien entendida, es una virtud. Nadie conoce mejor los ritmos de la naturaleza que quien vive de ella. Pero la sostenibilidad de la Agenda 2030 no es orgánica, ni realista. Es ideológica, centralista y desarraigada. Se basa en decretos diseñados desde Bruselas o desde ministerios que jamás han pisado una explotación agrícola.
Nos imponen recortes de agua, límites al uso de fertilizantes, restricciones al tipo de maquinaria… pero ninguna ayuda real para mejorar la rentabilidad del sector. Se pretende convertir al agricultor en un peón más de un modelo productivo que ni entiende ni le representa.
Defender la agricultura es defender la soberanía y la identidad
Frente a esta deriva, urge una reacción firme. Defender la agricultura no es nostalgia, es pragmatismo. Un país que renuncia a producir sus propios alimentos está condenado a la dependencia externa. Un país que deja morir a su campo, pierde también su paisaje, su cultura y su equilibrio territorial.
Hace falta una revolución del sentido común: simplificar normativas, proteger al pequeño productor, asegurar precios justos, fomentar el relevo generacional y recuperar el principio de soberanía alimentaria.
El campo no es un problema a corregir. Es un activo a proteger. Y frente a los dogmas de la Agenda 2030, hay que recordar que no hay futuro sostenible sin agricultores libres y respetados.
