La libertad no puede aplicarse a unos ámbitos sí y a otros no según la sensibilidad ideológica del momento, porque cuando se fragmenta deja de ser un derecho para convertirse en una concesión.
Por eso resulta legítimo cuestionar la coherencia de un Gobierno que, por un lado, plantea rebajar la edad de voto a los 16 años y, por otro, pretende prohibir que los menores de 18 asistan a determinados espectáculos legales en nombre de su protección.
El debate no debería centrarse en una manifestación cultural concreta, sino en algo mucho más profundo: el concepto de libertad y la confianza del Estado en la capacidad de decisión de los ciudadanos jóvenes. Conviene dejar claro, desde el inicio, que esta reflexión no exige posicionarse a favor ni en contra de la tauromaquia. La cuestión no es el gusto personal, sino el marco de derechos en el que se toman las decisiones públicas.
Si el legislador considera que una persona de 16 años tiene la madurez suficiente para participar en la elección de quienes van a gobernar el país, influir en la elaboración de las leyes y decidir el rumbo político de la nación, resulta difícil sostener que esa misma persona carece de criterio para decidir si desea o no asistir a un espectáculo legal, regulado y público. La incoherencia no es menor: afecta al núcleo de la credibilidad democrática.
Desde el punto de vista jurídico, el problema se sitúa en el terreno de la arbitrariedad.
El artículo 9.3 de la Constitución Española garantiza la seguridad jurídica y prohíbe las decisiones arbitrarias de los poderes públicos. Una norma es arbitraria cuando no responde a una justificación razonable y coherente dentro del propio sistema normativo. Tratar a los menores como sujetos plenamente capaces para unas decisiones y como incapaces para otras, sin un criterio objetivo y estable, erosiona ese principio.
La Constitución también proclama, en su artículo 10, que la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad son fundamento del orden político. El libre desarrollo no se construye desde la prohibición preventiva, sino desde la educación, la información y la responsabilidad progresiva. Un Estado que prohíbe antes de educar está trasladando a la norma lo que debería resolverse en el ámbito formativo y familiar.
Existe además una deriva preocupante: el paternalismo selectivo.
El poder público no actúa aquí como garante de derechos, sino como árbitro moral que decide qué experiencias son aceptables y cuáles deben ser vetadas. Este planteamiento no amplía libertades, las condiciona. Hoy es un espectáculo concreto; mañana puede ser una obra artística, una expresión cultural o una idea incómoda. La historia demuestra que las libertades rara vez se pierden de golpe: se erosionan poco a poco, siempre en nombre de buenas intenciones.
El argumento de la protección del menor, utilizado de forma genérica, plantea serias dudas. Vivimos en una sociedad donde los jóvenes tienen acceso cotidiano a contenidos audiovisuales de gran crudeza, a redes sociales sin filtros eficaces y a entornos digitales que generan problemas reales de salud mental. Sin embargo, no se aprecia la misma contundencia normativa en esos ámbitos. La selección del objeto de la prohibición revela que no estamos ante una política integral de protección, sino ante una decisión simbólica y parcial.
La libertad también incluye la libertad de no participar.
Si una familia considera que una determinada actividad no es adecuada para sus hijos, tiene plena capacidad para decidir no acudir. Convertir esa decisión individual en una prohibición general supone una desconfianza explícita hacia la sociedad y hacia las propias familias. El Estado no debería sustituir el criterio de los ciudadanos cuando no existe un daño objetivo, probado y generalizado.
Una democracia madura no puede tratar a sus jóvenes como ciudadanos a tiempo parcial. No puede decirles que están preparados para votar, pero no para decidir qué ver, qué escuchar o qué tradiciones conocer. Esa contradicción no protege; infantiliza. No educa; impone. Y, sobre todo, no refuerza la libertad, la debilita.
La libertad no puede ser selectiva ni ideológica. O se defiende para todo, o deja de ser libertad para convertirse en un instrumento del poder. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego ya no es una tradición concreta, sino la coherencia misma del Estado de Derecho.
