Hay sentencias que condenan personas. Y otras condenan las historias que una sociedad se cuenta sobre sí misma.
La Sentencia 418/2026 del Tribunal Supremo pertenece a esta segunda categoría porque no llega únicamente al final de una causa judicial. Llega al final de una idea que marcó una época política.
La primera moción de censura exitosa de nuestra democracia no se construyó sobre una discrepancia económica ni sobre una diferencia ideológica. Se construyó sobre una acusación moral: la corrupción había deteriorado la confianza de los ciudadanos en las instituciones y era necesario regenerar la vida pública. No se trataba simplemente de cambiar un Gobierno. Se trataba de cambiar una forma de gobernar.
Ocho años después, uno de los ministros más importantes de aquel proyecto político ha sido condenado por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
No hablamos de una sospecha, una filtración o una investigación policial. Hablamos de una sentencia firme del Tribunal Supremo. Y precisamente por eso conviene leer lo que dice, no lo que cada uno quisiera que dijera.
La resolución no confirma todas las acusaciones formuladas durante estos años. Absuelve de algunos delitos relevantes y descarta parte de los relatos que han alimentado titulares, tertulias y enfrentamientos políticos. Precisamente por eso resulta más difícil ignorar aquello que sí considera probado.
El tribunal considera acreditada la existencia de una organización integrada por José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, pagos periódicos de 10.000 euros mensuales durante años, la contratación de Jessica Rodríguez en empresas públicas sin trabajo efectivo y diversas ventajas patrimoniales, viviendas y vacaciones sufragadas por terceros.
Y quizá ahí aparezca la parte más incómoda de toda esta historia.
Porque el problema nunca fue una mascarilla, una estancia en Marbella, una vivienda en La Alcaidesa o una contratación concreta. El problema aparece cuando todos esos episodios dejan de parecer excepciones y empiezan a formar parte de una misma narración. Una narración en la que la influencia adquiere valor económico, el acceso al poder genera beneficios y determinadas relaciones personales producen ventajas inaccesibles para el ciudadano común.
Mientras tanto, millones de españoles continúan viviendo bajo un sistema que les exige puntualidad fiscal, cumplimiento normativo y responsabilidad permanente. Un autónomo que se retrasa con Hacienda paga recargos. Una empresa que incumple determinadas obligaciones recibe sanciones. Un ciudadano que se equivoca frente a la Administración descubre rápidamente que el Estado puede mostrarse inflexible.
Por eso la reacción que provocan resoluciones como ésta trasciende la lucha partidista. Tiene que ver con la confianza. Las instituciones no se sostienen únicamente sobre leyes; se sostienen sobre la convicción de que las reglas son las mismas para todos. Cuando esa convicción se debilita, se deteriora la credibilidad pública, se deteriora el respeto institucional y se deteriora algo todavía más difícil de recuperar: la esperanza de que las cosas puedan hacerse de otra manera.
Ésa es la verdadera tragedia política de esta sentencia.
No la caída de un dirigente.
No el desgaste de un partido.
Sino el momento exacto en que una promesa de regeneración se encuentra con una sentencia firme.
Porque quienes llegaron al poder denunciando la corrupción ajena terminan contemplando cómo uno de los nombres más relevantes de aquel proyecto es condenado por corrupción propia. Y esa contradicción resulta imposible de ignorar.
Más aún cuando la sentencia llega en un contexto marcado por una acumulación de investigaciones, procedimientos judiciales, informes policiales, imputaciones y causas abiertas que afectan, de una u otra forma, al entorno político e institucional del Gobierno. Cada procedimiento seguirá su propio recorrido y merecerá su propia valoración. Pero negar el impacto que produce semejante acumulación sobre la percepción pública sería ignorar una realidad evidente.
Quizá por eso el sentimiento predominante ya no sea la indignación. La indignación tiene energía. Lo que empieza a percibirse es fatiga: la de escuchar promesas de regeneración que terminan estrellándose contra los tribunales, comprobar que los nombres cambian más deprisa que los mecanismos y descubrir que demasiadas veces la ejemplaridad se exige hacia abajo y se relativiza hacia arriba.
Y, sin embargo, sería un error concluir que nada importa.
Las democracias no se degradan cuando aparecen corruptos. Los corruptos han existido siempre. Empiezan a degradarse cuando los ciudadanos dejan de creer que la honestidad sigue siendo posible.
La sentencia ya está escrita.
Los magistrados han terminado su trabajo.
Ahora comienza otro.
¿Cuántas promesas de regeneración puede incumplir una democracia antes de que los ciudadanos dejen de creer en la regeneración?
¿Cuántas decepciones puede soportar la confianza pública antes de transformarse en resignación?
¿Y qué ocurre cuando la corrupción deja de indignar porque empieza a parecer inevitable?
Quizá ésa sea la pregunta más importante.
La sentencia tiene fecha.
La pérdida de confianza no.
Y las sociedades rara vez se rompen de golpe.
Se desgastan poco a poco, cada vez que una promesa importante termina pareciéndose demasiado a aquello que prometió sustituir.
- Jose Navarro
