Fernando de Rosa «Ocupación ilegal».

¿Qué está pasando con la regulación sobre la “okupación” en España?

Mientras en los países de nuestro entorno existe una regulación más completa y eficaz para luchar contra la ocupación ilegal, en España elGobierno se dedica a amparar a los okupas.

Hay que distinguir claramente los dos tipos de ocupación ilegal que hay. Las de personas vulnerables a las que hay que ayudar con apoyo social y empleo. En este sentido, la Administración ha de proveer de vivienda o alquiler social, pero la solución a este problema no debe ser a costa de los particulares. Y, por otro lado, las producidas por mafias organizadas, que ocasionan problemas de convivencia y focos de delincuencia, a las que hay que combatir sin miramiento alguno.

• En varias ciudades de España existen organizaciones o grupos que dan charlas informativas para explicar cómo se puede ocupar un inmueble.

Incluso llegan a editar “manuales de instrucciones” que reparten a sus “alumnos”. Me llama la atención algunas frases que contienen estos manuales de “okupación”, que en algunos casos han llegado ya a la “segunda edición”, en las que se alienta a fotocopiar, distribuir, difundir como se quiera, estos manuales.

Frases como: “la intención de este manual fue la de ofrecer una herramienta de fácil comprensión y utilidad para cualquier persona que se plantease “okupar”, o la de la “okupación” es una herramienta política y revolucionaria, para salir del sistema represivo vigente y no como medio para conseguir una vivienda,  podríamos resumir la idea en “tú solo no puedes, con amigos sí”, es importante elaborar un plan lo más completo posible, al correr cierto peligro, cuanto más claro esté todo, menos posibilidades hay de cometer algún error.

• Un sinfín de despropósitos. La ocupación ilegal de inmuebles es un delito, independientemente que sea mediante fuerza o no.

También, el nivel de organización es tan completo, que en sus páginas web, se pueden encontrar materiales y tutoriales complementarios para una “okupación” óptima.

Las medidas que propone el Gobierno no benefician a los colectivos vulnerables, sino a estas mafias de las ocupaciones ilegales. Hay que dar seguridad a la ciudadanía. Sus derechos tienen que garantizarse frente a los delitos que se cometen. Incrementar las penas como han realizado en Italia. Desalojar a los “okupas” en solo 24 horas, como contempla Alemania. Dinamarca y Suecia solo se requiere un título que identifique al propietario para liberar la vivienda. En  Francia, cualquier persona que actúe en nombre de los propietarios, por ejemplo, familiares de afectados que estén internados en residencias o vivan con sus hijos, pueden solicitar el desalojo.

Un delito contra la propiedad no puede generar un derecho y da lo mismo que este sea de un particular o de una entidad, que esté ocupada o vacía, porque las consecuencias que sufren los vecinos son las mismas. La ocupación preocupa por igual a los propietarios que pierden su vivienda, como a los vecinos más próximos que sufren las consecuencias de inseguridad, insalubridad o violencia.

• En el caso de Valencia, el año pasado se produjeron más de un millar de ocupaciones ilegales, situación que se vio agravada, durante los meses de confinamiento.

En la misma calle de Pintor Sorolla de la ciudad de Valencia, hace unos meses se ocupó ilegalmente un bajo. De ese fenómeno, tampoco han escapado las viviendas de titularidad pública, de hecho, más de un millar de viviendas de titularidad de la Generalitat, han sido ocupadas ilegalmente.

La ocupación es un problema que afecta a todos, fundamentalmente a las clases medias, y trabajadoras, que quieren que los políticos, la policía, los jueces y los fiscales, les garanticen su derecho a vivir en paz y se garantice su derecho a la propiedad. Hay que tomar como ejemplo las soluciones adoptadas en otros ordenamientos jurídicos de países vecinos, en vez de amparar, y avalar un delito.

La ciudad de Valencia sufre duramente este problema, y es preciso que el gobierno municipal se implique de manera efectiva en garantizar el derecho a la propiedad. Hay que combatir la ocupación ilegal entre todos para acabar con esta lacra.