Fernando de Rosa “ La traición Linguística en España “
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) actualmente en vigor, establece que el castellano sea la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo sean también en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable.
Actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria una ley de reforma del sistema educativo impulsada por la Ministra Celaá. Esta semana hemos conocido que Esquerra Republicana de Catalunya, junto con Unidas Podemos y el apoyo vergonzante del Partido Socialista Obrero Español, han presentado una enmienda para eliminar que el castellano sea la lengua vehicular en el sistema educativo en todo el territorio nacional.
La propuesta de Esquerra Republicana, a la que se suma el Gobierno de la Nación, pretenden que cada Comunidad Autónoma pueda decidir la lengua vehicular a utilizar en el sistema educativo en el ámbito de dicha Comunidad.
De igual manera que Pedro Sánchez se arrodilló ante los nacionalistas para poder llegar a la presidencia del Gobierno, se vuelve arrodillar ante ellos para lograr el apoyo a los presupuestos generales del Estado que está tramitando. En definitiva, lo que se pretende es blindar la inmersión lingüística en Cataluña y expulsar el castellano del sistema educativo en esa Comunidad Autónoma y en otras.
El presidente Sánchez ha conseguido vaciar de contenido ideológico al Partido Socialista. La defensa de un proyecto común para toda España ha dejado de ser vehiculante para el presidente de la Nación, lo importante es mantenerse en el poder a toda costa, aunque sea dañando los cimientos de los cuales se construyó el proyecto socialista para España hace más de cien años.
Con todo esto, además, se compromete la convivencia en las Comunidades Autónomas bilingües, atacándose, desde el mismo Gobierno, la línea de flotación constitucional.
Esta regulación normativa fija los presupuestos para que existan discriminaciones por motivos lingüísticos frente a los que no son catalano-hablantes en Cataluña o frente a los que no usan las otras lenguas cooficiales en otras Comunidades Autónomas. En definitiva, se busca discriminar a los que no se pliegan a las exigencias de los nacionalismos excluyentes que por desgracia se van extendiendo en distintas comunidades.
Si miramos el caso de nuestra Comunitat, esta reforma sienta las bases, para que el radicalismo de Compromís, con la anuencia cómplice de Ximo Puig, siga catalanizando a nuestros hijos e hijas en las escuelas.
El objetivo es el mismo que en Cataluña: eliminar el castellano de las aulas, llevar a cabo una inmersión lingüística «catalana» y acallar al que se atreva a alzar la voz frente a estos abusos.
Estas son, en definitiva, las intenciones del Partido Socialista y de los extremistas nacionalistas.
Al Partido Popular no le va a temblar el pulso para llevar ante el Tribunal Constitucional y si es preciso, ante las instancias europeas, este atropello a los derechos de igualdad. Esta regulación normativa va a suponer una discriminación por motivos lingüísticos. Bajo ningún concepto garantiza el derecho de los padres a decir y el derecho de los alumnos a ser educados sin limitación alguna.
Frente a esta propuesta abusiva e excluyente, el Partido Popular siempre va a realizar aportaciones y propuestas inclusivas que puedan permitir que todos podamos convivir en paz y que sean respetados los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de España.
Esta es nuestra propuesta a grandes líneas: garantizar la libertad educativa que implique que el castellano sea la lengua vehicular en toda España. Debe garantizarse que la educación de 0 a 3 años sea gratuita, y se refuercen las inspecciones educativas.
De igual manera, hay que luchar contra el acoso escolar y prestar una atención primordial a la defensa de la educación especial. Estas son las inquietudes que deberían mover al Gobierno de Pedro Sánchez en la reforma educativa, pero como ya he dicho, a él solamente le mueve mantenerse en el poder y seguir pagando los peajes que debe a sus socios nacionalistas. Una nueva traición consumada, esta vez de carácter lingüístico.
