Los acontecimientos que se están produciendo en los últimos meses ponen en evidencia que son necesarias actuaciones claras en inmigración y política exterior, así como en materia sanitaria.
De igual manera, es precisa una legislación contra la ocupación ilegal y la inseguridad ciudadana y una actuación contundente de las autoridades. No se puede mentir sobre estas cuestiones, ni hacer demagogia, tal y como hace la izquierda nacional y autonómica valenciana.
Se deben asumir responsabilidades y dar soluciones a los ciudadanos. Sin embargo, el President Puig, por un lado, y alcalde Ribó, por el otro, hacen constantemente aguas.
En política migratoria la palabra que mejor define a nuestros gobernantes es la de «desvergüenza».
En este ámbito, la opacidad con la que están actuando las autoridades valencianas, es una indignidad. Se está produciendo una llegada descontrolada de inmigrantes en situación irregular a la ciudad de Valencia a través del aeropuerto de Manises.
Esta situación genera gran incertidumbre y graves riesgos para la salud pública, en la medida que no se les están practicando pruebas PCR.
La delegada del Gobierno, Gloria Calero, guarda silencio sobre esta cuestión para salvar la cara al Gobierno de Sánchez.
Por su parte, Ximo Puig nada sabe y, por tanto, no actúa en consecuencia y de manera insultante afirma que esos vuelos no se han fletado «por nadie» y que los inmigrantes «son viajeros». A su vez, el alcalde Ribó no está, ni se le espera. Sigue agazapado tras su sillón de alcalde, pensando que le va a proteger de su obligación de gobernar.
Estamos atravesando un grave momento de crisis sanitaria donde todos deben cumplir las normas. Las fronteras están casi cerradas, con cero turismo y exigencias de PCR a todos los viajeros. Sin embargo, en esta situación de crisis migratoria, la delegación del Gobierno, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento callan, miran hacia otro lado y no hacen nada. ¡Total y absoluta desvergüenza!
En materia sanitaria sigue el desgobierno que caracteriza la gestión de la Generalitat Valenciana.
La Comunitat continua por debajo de la media española en la práctica de las pruebas PCR. La Conselleria de Sanitat no es consciente de que una adecuada actuación de carácter preventivo y de detección efectiva de la infección es clave para combatir la Covid-19. También urge una correcta planificación de los turnos y horarios de los servicios de atención primaria. Sin embargo, el desgobierno en esta materia ha aflorado en el puente de la Inmaculada en el que Sanidad cerró durante tres días los centros de salud en plena oleada de la pandemia. En fechas navideñas Sanitat contempla reducir los horarios de los centros de salud y en algunos casos cerrarlos. Van a ser fechas de grave riesgo de propagación de los contagios por las reuniones familiares, y todavía seguimos sufriendo las graves consecuencias de la pandemia. Sin embargo, la Consellera y el President Puig van de vacaciones y ponen en invernación la Sanidad pública.
A esta nefasta gestión hay que sumar que Antifraude ya está investigando los contratos de obra de los tres hospitales de campaña levantados en la Comunitat Valenciana y adjudicados a dedo. ¡Un absoluto desgobierno!
La ausencia de una política clara de protección del derecho a la propiedad por parte de la izquierda se ha manifestado esta semana, cuando hemos conocido la ocupación ilegal de un inmueble en el centro financiero de la ciudad. Los «okupas» afirman que van a dedicarlo a fines sociales pero lo que no dicen, es que están cometiendo un delito. Su actuación, merece una respuesta clara por parte por parte de las autoridades.
Debemos evitar el descontrol que los Gobiernos de izquierdas generan por su desprecio al derecho a la propiedad. Frente a la inacción de la izquierda para dar respuesta a este problema, es necesaria la modificación de la regulación de delito de usurpación de bienes inmuebles, garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan realizar el desalojo entre las 24 y 48 horas, así como la prohibición del empadronamiento de los okupas.
Hay que tener presente que la ciudad de Valencia presenta un altísimo índice de ocupación ilegal de inmuebles, situación que está claramente fuera de control sin que el alcalde Ribó haga nada.
Ese descontrol que estoy denunciado se aprecia también en relación con la Empresa Municipal de Transportes.
El incendio en las cocheras de la EMT afectó a 16 autobuses y dañó a 7. Lo más grave es que las hidrantes de la cochera no tenían agua. Los bomberos debieron utilizar camiones nodriza, con las limitaciones y retrasos que implicaron para la extinción del incendio.
Para más inri, hemos sabido también que la Concejalía de Actividades denegó en febrero la licencia a la EMT para la construcción de una nueva cochera en Zafranar, al detectar deficiencias en el sistema de extinción de incendios.
Esa falta de agua en la EMT, o las deficiencias para la extinción de incendios, van a ser las que finalmente acaben ahogando políticamente a Grezzi, o quemando electoralmente al alcalde Ribó.
En definitiva, desvergüenza, desgobierno y descontrol es lo que caracteriza a la izquierda valenciana.
