Federico Bisquert «Sánchez y las ayudas de 11.000 millones de euros»
Nuestro excelso Presidente de Gobierno D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón nos sorprendió el pasado día 24 de febrero en el Congreso con el anuncio de un nuevo paquete de ayudas por valor de 11.000 millones de euros destinados a los sectores más afectados por la crisis pandémica y especialmente para los trabajadores desempleados, el caso es que ya son varias las semanas que llevábamos de espera y de muchas peticiones que venían exigiendo un paquete de medidas acorde a las auténticas necesidades de la sociedad española, tanto del mundo del mundo empresarial como de los gobiernos autonómicos, y lo más evidente es que este paquete de medidas llega muy tarde para ciertas empresas .
De hecho, la patronal Fomento del Trabajo viene pidiendo desde hace tiempo a las administraciones públicas un plan de ayudas, directas y mantenidas en el tiempo para los sectores más afectados por esta crisis pandémica y así intentar evitar una alta mortalidad empresarial, haciendo posible una recuperación sólida, pues el tejido empresarial se sumerge aceleradamente en los próximos meses en una situación compleja y delirante
El Ejecutivo español se ha pasado tres pueblos con sus reservas, superándolas ampliamente de ahí que se proponga por parte de Sánchez, la habilitación de un nuevo paquete de ayudas para los sectores más deprimidos por la pandemia Covid19, Pedro Sánchez indicaba en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que ese paquete de ayudas de 11.000 millones de euros irá destinado a PyMes afirmando que “la manguera de los recursos públicos, tiene como objetivo seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para superar definitivamente la pandemia y que ahora se encuentra en una situación extremadamente difícil y compleja».
Parece ser, que, al fin, el Gobierno español deja de hacer oídos sordos a la constante petición de ayuda por parte de las Comunidades Autónomas y del mundo empresarial, ya que hasta la fecha la ministra de Economía, Nadia Calviño, se resistía a pesar de la insistencia generalizada de los distintos sectores económicos, especialmente del área hostelera y en general del sector turístico. Lo cierto es que tanto PSOE como Unidas Podemos han estado en situación de stand by, vamos viéndolas pasar, esperando al desarrollo de la evolución pandémica y su impacto económico, ¿y como no? … desviando la atención del ciudadano y entreteniéndolo con efectos líricos como el mal llamado caso Hasel, porque este delincuente tiene nombre y apellidos Pablo Rivadulla Duró y tenemos por su culpa, media España incendiada y muchos negocios destrozados por los salvajes callejeros que por supuesto tienen un fatal efecto en la economía.
Y la auténtica realidad es que las restricciones sanitarias y la baja tasa de vacunación evidencian la situación de desconcierto económico-social que nos aboca a un largo letargo y la inminente mortalidad empresarial que incluso puede afectar al sector de la propia banca. Los ERTEs y los avales del ICO no están resultando todo lo efectivos que debieran ser, son un dopaje y no una solución a corto plazo, así que esperemos que Nadia Calviño en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que por cierto se reúne todos los viernes, esclarezcan como va a desarrollarse ese el plan de medidas anunciado por Sánchez, a bombo y platillo.
Lo cierto es que el Ministerio de Asuntos Económicos aún no ha dicho cómo va a desarrollarse y cual, va a ser concretamente el anunciado paquete de ayudas, aunque distintos medios, apuntan a cuáles pueden ser las intenciones del Ejecutivo, unos se decantan por la amortización de los préstamos avalados por el ICO, siempre en el supuesto de empresas que estén en un contexto de normalidad y tengan viabilidad. Otros medios apuestan por la creación de una especie de fondos de recapitalización para medianas y pequeñas empresas.
La situación que tenemos, es que más de un millón de autónomos, declara que sus pérdidas por culpa de la Covid19 se acercan a los 30.000 €, o sea, a uno de cada tres trabajadores por cuenta propia existentes en el tejido empresarial español, según el barómetro de situación de trabajadores autónomos del mes de febrero elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), pero es que además de la encuesta realizada, 300.000 autónomos, se prevé que cierren durante el ejercicio 2021 por “encontrarse con serias dificultades para poder continuar con su negocio”.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha puntualizado que el ejercicio 2020 “ha sido un año horrible para miles de autónomos que han tenido que reducir sus plantillas, tener pérdidas de las cuales no saben si se va a recuperar y, en ocasiones, tener que echar el cierre en la ruina más absoluta”. La imagen que se desprende de estos resultados de las encuestas es poco alentadora, ya que 8 de cada 10 autónomos, o sea un 81% ha facturado menos que el ejercicio 2019, lo que supone una cifra en torno a 600.000 trabajadores, y para más inri, el 17,4% de este colectivo, tienen sus establecimientos cerrados por las medidas administrativas adoptadas por la tercera ola de la pandemia
Un 51,2% afirma que, aunque está abierto, funciona al 50%, de tal modo que solo un 24% indica estar abierto y funcionando con normalidad y curiosamente solamente el 1,3% dice funcionar mejor que antes de la pandemia.
En la reciente reunión habida con los máximos líderes sindicales y patronales, sentados en torno a una mesa del diálogo social sobre el Plan de Recuperación organizada por el Ministerio de Asuntos Económicos y encabezada por su titular Nadia Calviño, y a la que se incorporaron el grupo de ministros del área económica; en dicha reunión, los sindicatos reclamaron a Calviño que vincule las futuras ayudas a empresas, PyMes y autónomos a los efectos del mantenimiento de la actividad así como del volumen y calidad de empleo en las compañías beneficiarias. “Estas ayudas no pueden darse sin condiciones”, puntualizó el representante de CC OO, Unai Sordo, finalizado el mencionado encuentro.
España ha sido hasta la fecha el socio europeo más rácano a la hora de ayudar al tejido empresarial, ya que, por los datos que facilita, el Consejo General de Economistas (CGE), Alemania asignó un al 9,8% de su PIB a su tejido empresarial afectado, Francia fue del 6,9% e Italia del 6,2%. El Ejecutivo español, a penas, alcanza al 3,7% del PIB a la cobertura de los imprevistos gastos ocasionados por la pandemia Covid19 en el seno de los distintos sectores económicos afectados.
Este mínimo esfuerzo inversor e incluso nulo en algunas áreas de nuestra economía, ya ha tenido, de hecho, consecuencias muy duras para el tejido empresarial, y para ello nos remitimos a los datos para el ejercicio 2020 facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde en torno a las 101.000 empresas y trabajadores autónomos han visto desaparecer sus negocios. Por tanto, el anuncio del paquete de ayudas de Pedro Sánchez ha sido recibido con mucha prudencia e incluso escepticismo vamos con cierta cautela por parte del mundo corporativo.
«Contrariamente a lo que ha ocurrido en España, otros países europeos han habilitado recursos en los sectores económicos y empresas afectadas por las exenciones fiscales o el gasto público discrecional, que han permitido a las empresas aportar liquidez«, puntualizan desde la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional (Foment de Treball Nacional), que por cierto es la patronal más antigua de Europa, sus orígenes se remontan al 1.771 con la creación la Real Compañía de Hilados y Tejidos de Algodón, pasando por distintas denominaciones hasta hoy, pues bien este organismo viene demandando acciones al Ejecutivo persistentemente, exigiendo con contundencia al Gobierno español la creación de un fondo de ayudas de 50.000 millones de euros, cifra sensiblemente inferior a los 11.000 millones de euros anunciados por Sánchez, vamos la quinta parte de lo que se requiere y necesita, de hecho nadie entiende porque España junto con Italia. siendo elementos de peso dentro de la UE, no han participado en el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
La Confederación Empresarial Valenciana (CEV), se muestra también un tanto escéptica con el anuncio del paquete de ayudas, de hecho, la Comunidad Valenciana es una de las más reivindicativas ante el Ejecutivo en estos últimos meses, en sí mismo la patronal CEV viene de largo pidiendo ayudas a fondo perdido y la constitución de una línea de préstamos participativos a nivel estatal, en la línea con lo realizado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
La Comunidad Catalana y la Valenciana han desplegado desde hace unos meses programas de ayudas para los sectores empresariales de con el fin de garantizar la viabilidad empresarial y si demuestran cierta inquietud… «Está claro que vale más tarde que nunca, pero este programa llega tarde” indican desde el Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña.
Esgrimiendo que después de un año afectados por la pandemia… “Estas ayudas deberían haberse habilitado hace muchos meses«, confían que los 11.000 millones de euros se perfeccionen en forma de ayudas directas y no peligrosamente en forma de créditos, no más dopajes artificiales.
En la Comunidad Valencia, su presidente Ximo Puig emplaza al Ejecutivo central para que se involucre en el creciente problema de la inviabilidad empresarial, de hecho, indica Rafael Climent, Conseller de Economía Sostenible de las Empresas, que «La Generalitat no dispone de recursos suficientes para hacer frente a la gravedad de la situación«.
Del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) le corresponde a España 59.168 millones de euros, el 70% de esta cantidad se recibirá entre 2021 y 2022 y el 30% restante en 2023. Pero este no es el único instrumento del Next Generation UE, otro de los más importantes, aunque menor dimensión pequeño, es la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión de los Territorios de Europa, REACT-EU, del que el Gobierno ha empezado ya a repartir entre las CC.AA., según el Ministerio de Hacienda de esta partida le corresponden a España 10.898 millones de euros, según lo acordado el pasado diciembre en Bruselas, o sea deben recibirse 8.000 millones de euros este año y el resto en 2022, cumpliendo por supuesto con unos criterios.
Pues la GVA ha recibido 1.245 millones de euros del fondo React-EU para gastar entre 2021 y 2022 y de estos fondos, 483 millones de euros están incluidos en los presupuestos aprobados para 2021, otros 400 millones de euros han tenido que inyectarse para cubrir los planes habilitados en el último mes, como son el Plan resiste, Paréntesis y otros.
En fin, que de una dotación para dos años ya hemos gastado en torno a 900 millones de euros, en apenas mes y medio y de hecho el propio Climent expresa «Dada la persistencia del desempleo económico, estamos consumiendo recursos más rápido de lo que esperábamos. Por lo tanto, es necesario que el Estado active nuevos mecanismos«, y además resalta que las líneas ICO habilitadas por el Gobierno de Sánchez han tenido un impacto limitado en la mayoría del tejido empresarial. «Hay que pensar en ayudas directas y no tanto en créditos«, indica expresamente Climent, con el cual coincido ya que esperamos que se justifique el anuncio de Pedro Sánchez.
Así que vamos a dejarnos de tanto redimensionamiento propagandístico y fijarnos en el último informe de coyuntura económica de la patronal. “La falta de ayudas puede no mejorar el déficit, sino agravarlo”, y es que las ayudas directas al tejido productivo deben ser más importantes de lo que son ahora y dilatarlas en el tiempo, se necesita una coordinación de política de apoyo a las empresas y que las ayudas a los autónomos y PyMes que se acaba de acordar lleguen a los bolsillos de este colectivo, cuanto antes. Y de no ser así vamos a la destrucción de más de un millón de puestos de trabajo a tiempo completo, de acuerdo con los cálculos de Fomento del Trabajo. Lo que es sumamente preocupante.
El Ejecutivo tiene poco tiempo para aclarar cómo planea aplicar esas prometidas ayudas porque está en juego el poder del Estado y sus beneficiarios y el de ese demencial pseudoestado que mama de las urbes del independentismo y que promueve la violencia con los suyos, los propios catalanes, donde se les intoxica con un modelo patriótico con motor revolucionario, la ensoñación nacionalista desaforada que está destruyendo Cataluña recurriendo a un engranaje ideológico de corte leninista que aceleradamente destruye y deslocaliza empresas en ese territorio español, hoy supera las 7.000 empresas huidas desde el principio del ‘procés’ , y así lo reflejan los datos del Registro Mercantil de los últimos cuatro años, donde Cataluña ha perdido en este tiempo un total de 7.007 empresas, que han decidido abandonar la región para instalarse en otro lugar de España. Por lo que hay que dar una solución inminente
