Triste y agotador.
Porque uno ya no sabe qué produce más cansancio: si los hechos que van apareciendo, los chats, los informes policiales, los rescates bajo sospecha y las redes de influencia… o la sensación de que una parte de la política española hace años que dejó de sentir la más mínima vergüenza.
Y eso quizá sea lo peor.
No hablamos aquí de una sentencia firme. Ni de una condena cerrada. Ni de sustituir a los tribunales desde una columna de opinión. La ley debe actuar con garantías, con rigor y con pruebas. Siempre.
Pero tampoco podemos convertir la prudencia jurídica en el escondite perfecto de quienes llevan demasiado tiempo utilizando las instituciones, las relaciones y el poder como si fueran patrimonio propio.
Porque el ciudadano está cansado.
Muy cansado.
Cansado de pagar. Cansado de sostener un sistema que cada día le exige más sacrificios mientras determinadas élites parecen vivir suspendidas sobre una red invisible de privilegios, intermediarios, favores y puertas traseras.
Y sí: el caso es grave.
Muy grave.
Porque no estamos hablando únicamente de una ayuda pública a una aerolínea. Estamos hablando de informes policiales, conversaciones intervenidas, referencias directas al entorno de un expresidente, posibles influencias sobre organismos públicos y un sumario gigantesco —ocho tomos y cerca de 4.000 folios— cuyo contenido completo todavía ni siquiera conoce la opinión pública.
Y precisamente por eso la sensación social empieza a ser inquietante.
Porque demasiada gente teme ya no sólo la posible corrupción.
Teme algo peor: la normalización.
La sensación de que determinados sectores políticos llevan años instalados en una especie de superioridad moral automática donde siempre encuentran una coartada ideológica para justificarlo todo.
La izquierda caviar. La del discurso permanente sobre el pueblo… pero cada vez más lejos del pueblo real. La que habla en nombre de la justicia social mientras demasiados ciudadanos sienten que las reglas sólo se aplican con dureza a quienes no tienen contactos, despacho o padrinos políticos.
Y en medio de todo eso, Pedro Sánchez sigue avanzando hacia un modelo de poder cada vez más personalista, más blindado y más resistente al desgaste moral que en cualquier democracia sana habría provocado ya consecuencias políticas demoledoras.
Ése es el verdadero miedo.
No sólo lo que pueda revelar este sumario.
Sino el peligro de que España termine acostumbrándose a convivir con todo esto como si fuera parte inevitable del paisaje.
Como si ya nada importara. Como si la ejemplaridad hubiera muerto. Como si la ciudadanía sólo pudiera elegir entre resignarse o polarizarse.
Y no.
Una democracia no se destruye únicamente cuando aparecen corruptos. Se degrada sobre todo cuando la sociedad empieza a asumir que el poder jamás rendirá cuentas de verdad.
Por eso este caso importa tanto.
No por el morbo. No por el ruido político. No por el “y tú más”.
Importa porque muchísimos españoles empiezan a sentir vergüenza de la deriva pública del país.
Y porque mientras seguimos esperando conocer el contenido completo de ese sumario gigantesco, hay una pregunta incómoda que ya flota en la calle:
¿Cuánto de todo esto es excepcional… y cuánto lleva demasiado tiempo funcionando con absoluta normalidad?
