«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.»
Artículo 47 de la Constitución.

Hay una política de vivienda que funciona sin ministerio, sin rueda de prensa y sin llamar buitre a nadie: la ayuda de padres y abuelos. Un piso heredado, unos ahorros para la entrada, una vivienda cedida mientras los hijos consiguen arrancar. Cuando esa ayuda se convierte en la condición para construir una vida, el derecho a la vivienda depende del árbol genealógico. Y al que le ha tocado una familia sin patrimonio le queda escuchar que se esfuerce. Como si la entrada del piso se pagara con consejos.

Ese patrimonio se formó durante décadas, desde la posguerra y las estrecheces hasta el desarrollo económico y la transición.

Hubo hogares con varios hijos y una sola nómina que compraron su vivienda; algunos añadieron, con los años, un apartamento en la playa o una parcela con caseta. También hubo emigración, chabolas y familias que nunca pudieron hacerlo. Hubo esfuerzo, condiciones económicas que lo hicieron posible y construcción de vivienda, incluida la protegida. En parte de aquella España, trabajar y ahorrar permitía avanzar hacia una casa propia. Hoy hay familias que hacen ambas cosas y siguen sin llegar.

Una nómina nunca significó una sola persona trabajando.

Había mujeres sosteniendo casas, hijos y mayores sin cobrar por ese trabajo. El piso también se pagaba con horas que jamás aparecieron en un recibo. Cuando el debate reduce al propietario a un depredador, borra esa historia y deja fuera al particular que alquila un piso para completar sus ingresos. Administrar etiquetas resulta más cómodo que explicar por qué la vivienda sigue atascada después de tantas leyes y tantas promesas.

La distancia entre generaciones tiene datos.

Un análisis del Banco de España, con información hasta 2022, situaba por encima del 81 % la vivienda en propiedad entre los hogares cuyo cabeza de familia tenía 42 años y pertenecía a las generaciones nacidas de 1945 a 1965. Para los nacidos de 1975 a 1985, era el 67 %. A la misma edad, el punto de llegada ya era distinto.

• Y la familia vuelve a poner la diferencia.

En 2025, el Banco de España recoge 30.500 viviendas donadas de padres a hijos y unos 5.500 millones de euros en donaciones monetarias. A las herencias se suma la ayuda que llega en vida. Unos consiguen comprar con ese respaldo; otros, con ingresos parecidos, continúan esperando. La igualdad de oportunidades empieza a parecerse al reparto de llaves de una familia.

Mientras tanto, hemos pagado impuestos y visto cómo la corrupción saqueaba recursos públicos, con condenas que lo acreditan.

La deuda del conjunto de las administraciones alcanzó en junio 1,763 billones de euros, según el Banco de España. Con semejante factura pública, exigir resultados es lo mínimo. Lo insoportable es la rutina: tú pagas, tú esperas y tú vuelves a poner dinero cuando tu hijo necesita una casa. La familia hace horas extra para compensar una política que siempre solicita otra oportunidad.

Ahora llegan Mari y Carmen.

Mari mezcla protección frente a determinados desahucios, prórrogas e incentivos. Carmen facilita renovaciones de cinco o siete años y puede obligar al propietario a indemnizar al inquilino si decide no renovar. Puede dar estabilidad a quien necesita conservar su hogar.

La obligación también puede alcanzar al particular que alquila un único piso, sin exigir que el inquilino sea pobre. Conviene recordarlo cuando el discurso reparte papeles de héroe y carroñero.

Parte de aquel ahorro familiar acabó también en viviendas alquiladas.

Entre sus propietarios hay ciudadanos que completan ingresos, ayudan a sus hijos o reservan recursos para su vejez. El propietario debe cumplir y responder por sus abusos. El Gobierno debe enseñar su cuenta: viviendas disponibles, fechas de entrega y recursos para quienes siguen buscando.

La obligación del casero aparece concretada en mensualidades. La responsabilidad pública también necesita cifras y fechas. La solidaridad administrada tiene una peculiaridad deliciosa: quien la presenta no siempre es quien la paga.

El Estado buitre no espera a que te mueras para empezar el banquete. Picotea tu sueldo, tu consumo, tu ahorro y el patrimonio que consigues reunir.

Y cuando llega la vivienda, una de esas necesidades para las que llevas décadas pagando, vuelve a buscar comida en la mesa familiar. Los padres ponen el piso, el hijo pone el esfuerzo y el Gobierno se coloca para la foto y pone la mano. La familia resuelve; el buitre inaugura.

• Su voracidad consiste en exigir sacrificios sin responder por los resultados.

Cargar obligaciones sobre el ciudadano y convertir el ahorro de varias generaciones en el colchón de la incompetencia política. Después, desplegar las alas y presentarse como protector.

• Nos devora vivos y espera que agradezcamos la protección.

El ciudadano pone hasta las entrañas; el aparato político pone la pose. Y cuando ya no quede nada que heredar, buscará otro culpable al que llamar carroñero. Con suerte, convocará una rueda de prensa.

• Alargar la continuidad puede evitar mudanzas y dar tranquilidad.

También puede llevar a algunos propietarios a seleccionar más al siguiente inquilino, incorporar riesgos al precio cuando puedan o dejar de alquilar. El preámbulo, sin embargo, da por sentado que la medida no restringe la oferta. Qué facilidad para aprobarse el examen. La economía reaccionará a los incentivos aunque el Gobierno haya escrito un desenlace más bonito. El BOE publica normas; los pisos disponibles habrá que contarlos después.

Estamos hasta los cojones de este concurso de virtudes políticas mientras cuesta tanto montar un hogar.

El joven que busca piso y el pensionista que alquila el suyo pueden sufrir el mismo fracaso desde lados distintos. Enfrentarlos facilita la consigna. A corto plazo, los decretos pueden aliviar situaciones reales. A medio, habrá que comprobar quién consigue entrar.

A largo, necesitaremos viviendas, suelo, licencias, financiación y responsables que respondan por los plazos. Las tiritas sirven para proteger una herida. Después de años con la herida abierta, vender otro apósito como una cura es una tomadura de pelo. Ya toca exigir responsabilidades.

El patrimonio de padres y abuelos se reparte entre hijos, se consume y financia cuidados; no es una fuente inagotable.

¿Qué podrán transmitir quienes apenas consiguen pagar el alquiler? Si cada generación necesita consumir una parte de lo que recibió para poder arrancar, llegará una factura que la siguiente ya no pueda cubrir. Entonces el Gobierno de turno tendrá que buscar algo más que otro nombre para un decreto.

Cuando tú ayudes a tus hijos, deberías poder hacerlo para ampliar sus posibilidades, no para remediar una vida bloqueada. Y ellos deberían poder construir algo que algún día también puedan dejar. Ese futuro exige viviendas entregadas y oportunidades que se sostengan con el sueldo. Porque una herencia puede abrirte una puerta.

Un país tiene que conseguir que también te la abra tu trabajo.

Jose Navarro ✶