Esta semana, en la cuidadosa y preocupante construcción del pesado mazo con el que los socialistas llevan meses golpeando los cimientos de la democracia, han añadido un nuevo objetivo: la libertad educativa.
La protagonista en esta ocasión es la vicepresidenta María Jesús Montero, quien, en el Congreso Provincial del PSOE en Málaga, hace apenas tres días, afirmó que “la universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora” y que “no podemos permitir que alguien se compre el título y la formación”.
Resulta irónica esta visión de la defensa de la clase obrera, especialmente cuando solo hace un mes, la misma Montero defendía que los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional debían tributar por el IRPF.
El problema, en realidad, no radica en la calidad de las universidades privadas, sino en la incapacidad del Estado de ejercer control efectivo sobre ella. En el intrincado proceso de tejer una relación de dependencia estatal, el aspecto crucial no es otro que el control sobre el juicio crítico y el razonamiento individual.
Y ahora, con el Presidente del Gobierno y varios de sus ministros habiendo obtenido sus títulos en instituciones privadas, el relato parece listo para ser reformulado, como tantas veces antes ha sucedido.
La estrategia, aunque burda, no deja de ser efectiva: reescribir la realidad a conveniencia. Si un gobierno no duda en moldear la historia reciente de España bajo el eufemismo del progreso, tampoco ha de sorprendernos que lo intente con aquellas instituciones que, por su independencia, escapan a su influencia. Lo verdaderamente alarmante no es la afirmación de Montero, sino la naturalidad con la que estas amenazas se asimilan y, en algunos casos, se celebran.
Y no es que la universidad pública carezca de valor—al contrario, es una institución fundamental para el desarrollo del conocimiento—, pero no podemos ignorar que es, al mismo tiempo, el espacio perfecto para el adoctrinamiento.
Solo desde una mente previamente domesticada puede asumirse sin resistencia la amnistía, la erosión del poder judicial o el blanqueamiento de Bildu.
Como bien advertía Noam Chomsky, la pedagogía de la mentira es la mejor herramienta para acribillar la comprensión crítica de la realidad. Y si algo ha demostrado este Gobierno—además de su inagotable creatividad para encontrar enemigos en Vox y el PP—es su profundo desdén por el emprendimiento y la ambición. De ahí su empeño en moldear una sociedad de individuos dependientes y sumisos, donde los problemas sean aquellos que el propio poder determine como tales.
Este proyecto de articulación social y psicológica es un proceso a largo plazo, pero sus frutos comienzan a ser visibles. Basta recordar el intento de intervención de Espinosa de los Monteros en la Universidad Complutense, boicoteado por jóvenes encapuchados, una reacción que nunca acompañó las comparecencias de Iglesias en la misma institución. Y no porque todos estuvieran de acuerdo con él, sino porque aquellos jóvenes tenían algo que sus actuales sucesores parecen haber perdido: educación.
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Porque la educación implica comprensión, modales y respeto. El adoctrinamiento, en cambio, solo requiere obediencia ciega y la agresividad de quien se sabe parte de una causa sin haberla cuestionado.
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En este contexto, la universidad privada representa, más que una amenaza para la clase trabajadora, una amenaza para el monopolio ideológico de quienes aspiran a controlar el pensamiento.
Pero si alguien pretende denunciar las injusticias del capitalismo, quizá no debería ser la persona que disfruta de un salario público financiado por aquellos a quienes pretende defender y aquellos a quienes desprecia sin disimulo. Que Montero se erija en defensa de la equidad mientras recibe un sueldo muy por encima de la media nacional es, como poco, una burla a los españoles.
Sus declaraciones no buscan una educación más justa ni una meritocracia real—si así fuera, tres legislaturas habrían dado margen suficiente para tomar medidas—, sino un pretexto para afianzar el control ideológico sobre la educación. Limitar la universidad privada no es más que la antesala de la dominación total de la pública, perpetuando una enseñanza homogénea, automatizada y despojada de razonamiento crítico.
Pero la verdadera educación no moldea mentes obedientes: libera de la ignorancia y capacita para ver la realidad sin filtros.
Como diría Chomsky en La «des»educación, el propósito de una educación genuina no es producir ciudadanos dóciles, sino individuos capaces de pensar por sí mismos. Quizá por eso resulte tan incómoda para quienes prefieren una sociedad de eco y no de pensamiento.
