Solidaridad celebra que, gracias a su presión, se hayaretirado del pleno del consejo comarcal del Baix Llobregat un plan ilegal que pretendía introducir criterios de contratación preferente por origen racial o étnico, vulnerando el principio de igualdad ante la ley y quebrando los derechos laborales de los trabajadores españoles.
El plan, impulsado por el Consell Comarcal del Baix Llobregat bajo el pretexto de la “transversalización de las políticas migratorias”, incluía una cláusula escandalosa que priorizaba a personas de “orígenes diversos” y “racializadas” en el acceso a puestos públicos, sin atender a los principios constitucionales de mérito y capacidad, con el objetivo de acabar ampliándolo “al resto del mercado laboral” privado.
Jordi de la Fuente, secretario general de Solidaridad, ha celebrado la rectificación:
“Gracias a nuestra denuncia pública y al rechazo social generado, se ha conseguido frenar una medida profundamente injusta. No vamos a permitir que se discrimine a ningún trabajador por no pertenecer al colectivo de moda. El empleo público debe ser para quien lo merezca y se lo trabaje, no para quien se ajuste al perfil ideológico o racial del progresismo woke”, ha declarado.
El sindicato había denunciado que el plan buscaba engordar un auténtico “megachiringuito ideológico” de puestos “a dedo” para ejecutar esta política. Ha sido redactado por activistas vinculadas a entidades subvencionadas como SOS Racisme, con propuestas sin base técnica ni legal y basadas en estudios sin rigor.
Solidaridad advirtió de que tales medidas ponían en riesgo la neutralidad de la administración pública, y vulneraban artículos clave de la Constitución Española y del Estatuto Básico del Empleado Público. El sindicato anunció que se reservaba el derecho de emprender aviones legales contra el gobierno comarcal, en caso de ejecutar este plan, y contra los consejeros comarcales que emitieran un voto positivo para su implementación.
Los únicos que se mostraron contrarios a este plan fueron los dos consejeros de VOX, Iván Cánovas y Marc Cívico, que junto a Javier Ramírez (portavoz de VOX en la comisión de emoresa y trabajo del Parlament de Cataluña) han colaborado con Solidaridad para poner fin a esta infamia wokista.
“Este es solo el primer paso. Hemos demostrado que se pueden frenar los abusos ideológicos en la administración. Seguiremos vigilantes para impedir que se aprueben nuevas fórmulas de discriminación y para garantizar que los derechos de nuestros trabajadores sean respetados en cada institución”, ha añadido De la Fuente.
Desde Solidaridad se reitera el compromiso con la justicia social real, que pasa por defender a los trabajadores de nuestro país frente al nuevo racismo woke.
