El sindicato Solidaridad ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Entre las principales modificaciones impugnadas destacan
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Ampliación de visados para la búsqueda de empleo: El reglamento extiende estos visados de tres meses a un año, una medida que Solidaridad considera que fomenta la saturación del mercado laboral y agrava el desempleo entre los trabajadores nacionales.
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Autorización laboral para familiares reagrupados: La normativa permite trabajar a cónyuges e hijos de residentes sin realizar trámites adicionales, lo que, según el sindicato, genera una competencia desleal para los trabajadores locales.
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Nuevas figuras de «arraigo»: Se han creado modalidades como el «arraigo sociolaboral», que facilita la legalización de inmigrantes en situación irregular con requisitos significativamente reducidos. Esto, advierte Solidaridad, incentiva la inmigración ilegal y perjudica a quienes cumplen con las normativas previas.
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Facilidades para regularizar situaciones irregulares: La disposición transitoria quinta permite a quienes lleven seis meses en situación irregular obtener una autorización de residencia, lo que Solidaridad califica como una «amnistía encubierta».
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Priorización de colectivos específicos en desprotección: La disposición final tercera introduce reformas normativas para proteger a colectivos en riesgo por conflictos políticos, étnicos o religiosos, una medida que Solidaridad cuestiona por su impacto en el equilibrio del mercado laboral.
Solidaridad recalca que seguirá luchando por proteger los derechos de los trabajadores de España frente a normativas que atenten contra su estabilidad laboral y social.
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El nuevo reglamento es un paso atrás en la defensa de los derechos de nuestros trabajadores.
No podemos permitir que se utilicen los reglamentos como herramientas para promover la inmigración irregular y la competencia desleal en el empleo”, ha declarado Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato.
Solidaridad reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de los trabajadores y exige al Gobierno la retirada inmediata de estas medidas que, de mantenerse, supondrán un retroceso en la lucha por condiciones laborales justas.
