El Sindicato Solidaridad denuncia la última cesión del Gobierno de Sánchez al separatismo catalán: la imposición de la obligatoriedad del catalán en los servicios de atención al cliente de grandes empresas, incluso fuera de Cataluña y de manera discriminatoria hacia los trabajadores.
Junts y el Gobierno de PSOE y Sumar han acordado que miles de empleados en sectores estratégicos —energía, telecomunicaciones, transportes, banca o aseguradoras— tengan que formarse obligatoriamente en catalán, bajo la amenaza de quedar relegados o discriminados en sus puestos de trabajo.
Desde Solidaridad consideramos que esta medida es una imposición política que nada tiene que ver con la defensa de los derechos laborales ni de los consumidores, y que traslada los costes de los pactos políticos directamente a los trabajadores más humildes.
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“Los que pagan la debilidad del Gobierno y el chantaje separatista no son ni Sánchez ni Puigdemont, sino los trabajadores, a quienes se les carga con exigencias absurdas para conservar su empleo”, denuncian desde la dirección.
Solidaridad recuerda que la lengua común de todos los españoles es el español y que imponer el catalán de manera obligatoria en empresas que operan en todo el Estado supone una discriminación injustificada hacia los empleados, muchos de los cuales verán peligrar su futuro laboral simplemente por no dominar una lengua regional que no es oficial en sus territorios.
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El sindicato advierte que este tipo de cesiones no buscan mejorar la calidad del servicio ni garantizar derechos laborales, sino mantener a Sánchez en el poder a costa de los trabajadores.
Por ello, Solidaridad anuncia que plantará cara, con todas las posibilidades encima de la mesa, a cualquier intento de imponer requisitos lingüísticos discriminatorios que pongan en riesgo la igualdad de oportunidades y el futuro de los empleados.
