El Supremo anula el Registro Único de viviendas turísticas y da la razón a la Generalitat
El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024 y ha anulado los apartados relacionados con el Registro Único de arrendamientos de corta duración impulsado por el Gobierno central.
La sentencia considera que el Estado carece de competencias para establecer una regulación estatal exhaustiva que se superpone a los registros autonómicos ya existentes en materia de viviendas turísticas.
El Supremo cuestiona la duplicidad de registros
El fallo, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 19 de mayo, afecta al modelo diseñado por el Gobierno para regular viviendas turísticas y alquileres de corta duración comercializados a través de plataformas digitales.
La resolución judicial entiende que el registro estatal generaba duplicidades e invadía competencias autonómicas relacionadas con turismo y ordenación del sector.
La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, aseguró que el Supremo confirma las advertencias realizadas por la Comunitat Valenciana sobre la inseguridad jurídica y el solapamiento administrativo que podía provocar el sistema estatal.
La Generalitat defiende su registro autonómico
Desde la Generalitat recuerdan que la Comunitat Valenciana dispone desde hace años de un registro autonómico de viviendas turísticas considerado plenamente operativo.
Según explicó Marián Cano, este sistema ya permite garantizar:
- el control de la actividad
- la trazabilidad de los inmuebles
- la seguridad jurídica del sector
La consellera insistió además en que la lucha contra la oferta ilegal debe realizarse “desde la cooperación institucional” y respetando las competencias autonómicas.
El Supremo mantiene la Ventanilla Única Digital
Aunque el Tribunal Supremo anula el Registro Único estatal, la sentencia sí mantiene vigente la denominada Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.
También continúan en vigor las obligaciones relacionadas con:
- transmisión de datos por parte de plataformas digitales
- intercambio de información estadística
- mecanismos estatales de coordinación
En estos aspectos, el alto tribunal sí reconoce competencias al Estado.
La Generalitat pide diálogo con el Gobierno
Marián Cano reclamó al Gobierno central el cumplimiento inmediato de la sentencia y la apertura de una nueva etapa de diálogo con las comunidades autónomas.
El objetivo, según explicó, debe ser construir un sistema coordinado que permita perseguir la oferta ilegal de viviendas turísticas sin generar más burocracia ni perjudicar a quienes cumplen la normativa.
La Generalitat sostiene además que la sentencia coincide con las recomendaciones europeas, que apuestan por la coordinación de datos y evitan la duplicidad de registros obligatorios sobre un mismo inmueble.
