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El Servicio Valenciano de Empleo y Formación ha implementado medidas de control de subvenciones para evitar situaciones fraudulentas
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El secretario autonómico de Empleo señala que “desde el Consell se va a vigilar todavía más que el uso de las subvenciones llega a quien realmente lo necesita”
El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha informado que Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha denunciado un entramado empresarial por defraudar más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo, cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo.
Galvañ ha explicado que la denuncia ha sido interpuesta ante la Guardia Civil por la dirección territorial de Labora en Alicante, que detectó posibles irregularidades en once empresas domiciliadas en Elx. El responsable de Empleo ha detallado que los hechos que se investigan tuvieron lugar entre 2021 y 2022, bajo el gobierno del Botànic.
Según se ha hecho constar en la denuncia, Labora detectó actuaciones sospechosas en determinados programas de ayudas de empleo (Ecovul, Ecogju y Ecovut) en los que se subvenciona la contratación de personas desempleadas. Así, se detectaron bajas de trabajadores que pasaban a otras empresas en las cuales también se habían solicitado subvenciones, y en las que el sector de la actividad y el modo de proceder era similar, o empresas que solicitaban subvenciones y antes de finalizar los dos años cerraban, siendo el administrador común.
En este sentido, Antonio Galvañ ha destacado que desde Labora se han implementado medidas de control de subvenciones para evitar situaciones fraudulentas.
Así, se han aumentado los requisitos para acceder a las subvenciones y se han establecido más controles que eviten el fraude, como investigar las vinculaciones entre empresas o exigir que no tuvieran contratos indefinidos en los últimos tres meses.
Por otra parte, Galvañ ha añadido que se han cambiado las convocatorias de ayudas y se ha reducido el importe a conceder por trabajador que ha pasado de 28.000 euros a 10.000 euros este año, lo cual ha logrado que el interés en defraudar no sea rentable.
Asimismo, también se comprueba el mantenimiento del alta del trabajador subvencionado durante los dos años en los que existe esta obligación.
“Es lamentable que haya empresas y personas que estén usando las ayudas para fomentar la empleabilidad de las personas con dificultades de encontrar trabajo en su propio beneficio de manera fraudulenta”, ha declarado Galvañ, que ha asegurado que “desde el Consell se va a vigilar aún más que las subvenciones llegan a quien realmente lo necesite”.
