La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) alerta del carácter estructural y generalizado de la morosidad empresarial en España, similar a una bomba de relojería, que la Comisión Europea quiere desactivar. Lejos de ser anecdótica, esta práctica se ha convertido en un elemento habitual del modelo de negocio de muchas compañías, especialmente de las grandes.
“Pagar tarde se ha institucionalizado. Para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores”, denuncia Antoni Cañete, presidente de la PMcM. En un país donde el 99,8% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, esta situación supone “una amenaza sistémica para su supervivencia”, asegura.
Según datos del Banco de España, en el segundo semestre de 2024 el plazo medio de pago entre las empresas cotizadas alcanzó los 136 días. Sectores como “Información y comunicaciones” y “Resto” alcanzaron cifras alarmantes de 252 y 309 días, respectivamente, muy lejos del límite legal de 60 días. Esta situación “afecta directamente a la liquidez de las pymes, les resta capacidad de inversión y las hace más vulnerables ante cualquier crisis económica”, explica el presidente de la PMcM.
A ello se suma la “ineficacia” del marco legal actual. En su opinión, la Directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago entre empresas y administraciones, “carece de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. Las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares, no siempre cumplen los plazos, y los controles sobre los pagos a subcontratistas, previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, son insuficientes o inexistentes”.
Un nuevo reglamento europeo como oportunidad histórica
Frente a este escenario, la Comisión Europea ha propuesto el Reglamento COM(2023) 533, que aspira a sustituir la directiva vigente. A diferencia de esta, el nuevo reglamento sería de aplicación directa en todos los Estados miembro, sin necesidad de transposición, lo que permitiría una aplicación más uniforme y efectiva. Su versión original proponía un plazo único de pago de 30 días naturales, un sistema sancionador automático y la creación de autoridades nacionales de supervisión.
Durante su tramitación en el Parlamento Europeo, se han introducido algunas excepciones sectoriales que podrían alargar los plazos en situaciones justificadas, como en el caso de productos de baja rotación o estacionales. La PMcM considera que, aunque estas excepciones pueden responder a ciertas realidades económicas, también “corren el riesgo de debilitar el objetivo principal: erradicar la cultura del pago tardío en Europa”.
El texto se encuentra ahora en fase de discusión en el Consejo Europeo, donde las diferencias culturales y económicas entre países han generado posiciones enfrentadas. Mientras algunos Estados como Dinamarca o Países Bajos muestran un alto grado de cumplimiento en los pagos, otros como Grecia, Portugal o Malta presentan los peores comportamientos, lo que complica la negociación.
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«La pregunta clave es si Europa va a proteger de verdad a las pequeñas empresas o si se dejará arrastrar, una vez más, por las excepciones y los intereses particulares”.
Para Cañete, la efectividad de este reglamento dependerá de que los Estados miembro lo apliquen “con firmeza, doten de medios a las autoridades supervisoras y no cedan a presiones sectoriales que busquen mantener el statu quo. La pregunta clave es si Europa va a proteger de verdad a las pequeñas empresas o si se dejará arrastrar, una vez más, por las excepciones y los intereses particulares”.
En el ámbito nacional, la PMcM destaca la medida recientemente adoptada por la Generalitat de Cataluña, de realizar pagos directos a los subcontratistas. Esta acción, largamente reivindicada por la PMcM, busca evitar los retrasos que imponen los contratistas principales y asegurar que el dinero llegue directamente a quienes ejecutan los trabajos. Según el “Informe sobre Morosidad en España 2024”, elaborado por la PMcM, los subcontratistas cobran con una media de 88 días, incumpliendo ampliamente los plazos legales.
En este sentido, Cañete considera que esta medida debería extenderse al conjunto de las administraciones públicas en España y servir de ejemplo a nivel europeo. “Es una herramienta eficaz para reducir la morosidad y mejorar la liquidez de las empresas más vulnerables”, concluye.
