La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha concedido ayudas económicas de 700 euros mensuales destinadas a 298 personas de hasta 35 años inclusive, con el objetivo de apoyarles en la preparación de procesos selectivos para el acceso a los distintos cuerpos o escalas del grupo A de la Administración de la Generalitat. La inversión total prevista alcanzará los 2.503.200 euros. De esta forma, las personas becadas recibirán 8.400 euros entre el 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026.
El objetivo es impulsar la incorporación de jóvenes cualificados a la Administración valenciana, aportando talento joven a unas plantillas que actualmente presentan un alto grado de envejecimiento. Con esta iniciativa el Consell refuerza su compromiso con el empleo y la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, al facilitar a las personas jóvenes los recursos y el tiempo necesarios para preparar con éxito las pruebas selectivas.
Captar talento joven
“Con estas ayudas queremos captar talento joven. La Administración tiene que apoyar a los jóvenes y ayudarles en su camino hacia el servicio público, porque tienen mucho que aportar. Aprobar una oposición te permite acceder a un empleo estable, en el que poder crecer y hacer crecer a la Comunitat Valenciana”, ha manifestado la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez.
Las personas beneficiarias de la beca cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria, como poseer nacionalidad española o de la Unión Europea que hayan residido en la Comunitat Valenciana durante al menos cinco años en los últimos diez, estar en posesión de una licenciatura o grado universitario, acreditar una situación económica conforme a las bases reguladoras y no haber recibido ayudas similares durante más de tres años ni estar disfrutando actualmente de otra subvención con el mismo fin.
La comisión evaluadora ha valorado los méritos de los solicitantes según dos criterios fundamentales: la situación económica y el expediente académico.
Del total de 298 ayudas concedidas, ocho se han adjudicado a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, que cumplían con los requisitos generales de acceso al empleo público
