– El portavoz de industria del PP en Les Corts, Salvador Aguilella, considera “una prioridad” que el Gobierno de España convoque la actualización de los sistemas retributivos y de las subastas de 1.200 megavatios paralizadas desde 2021
– “El sector necesita seguridad jurídica y certidumbre regulatoria para acometer inversiones de renovación tecnológica, la parálisis provoca mayores costes energéticos y la emisión de más gases efecto invernadero a la atmósfera»
– El PP exige que “se les pague lo que se les debe de 2023 y 2024. Las empresas están financiando un lastre millonario por incompetencia o negligencia del gobierno de Sánchez”
El portavoz de Medio Ambiente del GPP, Salvador Aguilella, ha solicitado al resto de grupos parlamentarios en Les Corts que apoyen esta semana una propuesta del GPP en la que se exige al Gobierno de Sánchez desbloquear los pagos a la cogeneración y poner en marcha el nuevo marco regulatorio que leva dos años de retrasos.
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Aguilella ha explicado que “se trata de respaldar y promover el sector de la cogeneración en la Comunitat Valenciana».
La propuesta, de vital importancia, impacta positivamente en el ámbito energético y en sectores industriales esenciales como el cerámico, la alimentación, la industria del papel, el textil, entre otros. El sector necesita seguridad jurídica y certidumbre regulatoria, y es imperativo que todos los grupos políticos en estas Cortes apoyen estos objetivos esenciales para la sostenibilidad y el crecimiento de la cogeneración en la Comunitat Valenciana”.
El portavoz popular ha explicado que “los sectores productivos que utilizan la cogeneración están muy preocupados por la incertidumbre y falta de seguridad jurídica que rodea a la cogeneración desde hace más de dos años. Por eso solicitamos la convocatoria urgente de la actualización de los sistemas retributivos y de las subastas de 1.200 megavatios paralizadas desde 2021”.
Además, la propuesta que se debatirá en el pleno de Les Corts de esta semana reclama al Ejecutivo central la prórroga de dos años de la operatividad de las plantas hasta que se culmine el nuevo marco jurídico. “Muchas plantas están paradas porque han agotado su vida útil y no pueden instalar nuevas sin un marco jurídico para acometer inversiones de renovación tecnológica, lo que genera mayores costes energéticos y la emisión de más gases efecto invernadero a la atmósfera», ha añadido.
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Por último, Salvador Aguilella ha manifestado que “el Ministerio de Transición Ecológica, con su responsable Teresa Ribera al frente, debe pagar lo que se les debe a las empresas».
Acaba de publicar las retribuciones del segundo semestre de 2023 con diez meses de retraso y ya son más de 50 millones de euros de atrasos. Las empresas están financiando un lastre millonario por incompetencia o negligencia del gobierno de Sánchez”.
