La entrada en vigor del decreto ley de medidas extraordinarias para la mejora de la fiscalidad verde permite ahorrar 27 millones de euros anuales a particulares y empresas de la Comunitat Valenciana.
Así lo han confirmado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, que han coincidido en que era necesario evitar «una doble imposición fiscal y promover el desarrollo de la actividad económica”.
«El objetivo es que las decisiones de carácter fiscal se orienten a incentivar la actividad económica, empresarial y profesional con el fin de optimizar el diseño del marco fiscal e igualarnos al resto de autonomías”, han destacado los dos dirigentes.
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En el nuevo texto se modifican diferentes normas para adaptarlas a la coyuntura actual con el objetivo de optimizar el diseño fiscal.
Con el decreto ley se modifican diferentes normas para adaptarlas a la coyuntura actual. En concreto, en la Ley 6/2022, de 5 de diciembre, del Cambio Climático y la Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana, se corrige la fiscalidad para la transición ecológica para evitar cargas fiscales derivadas de nuevos impuestos, que podrían representar una doble imposición.
De esta forma, quedan suprimidos el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, el impuesto sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera de actividades y el impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales.
El gravamen a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica habría afectado a todos los usuarios con vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2023 y hubiera supuesto una recaudación de casi 10 millones de euros. Por su parte, el relativo a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera hubiera recaído desde este ejercicio en aquellas empresas con procesos productivos en los que se generasen estos gases y se estimaban unos ingresos de medio millón de euros.
Por último, el impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales buscaba que, desde el 2025, se cobrase una tasa a establecimientos comerciales, ocio, hostelería o espectáculos implantados en grandes superficies que, por su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento de vehículos. Se estimaba una recaudación anual de 17 millones de euros.
Por otro lado, se modificó la regulación de los requisitos para el cálculo de la huella de carbono y el plan de reducción de emisiones de CO2, para que no sea obligatoria la inscripción de las empresas en el Registro de Iniciativas de Cambio Climático a partir del 1 de enero de 2025.
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La inscripción pasa a tener carácter voluntario, en la misma línea que la normativa nacional y la de otras comunidades autónomas.
Todas estas modificaciones tienen la meta común de reducir la presión fiscal y armonizar con otros territorios con la vista puesta de evitar situaciones que resten competitividad a las empresas respecto a otras autonomías o países de la Unión Europea, así como dar solución a los problemas técnicos detectados en los tres impuestos. Entre ellos, la complejidad de implementación en algunos casos, la doble imposición que supondría en otros, la ruptura de la regla básica fiscal de quien contamina paga (en el caso concreto de la tasa a los grandes establecimientos comerciales) o las distorsiones de diseño (por ejemplo, al exigir el impuesto a vehículos más nuevos y por tanto menos contaminantes).
