El Ayuntamiento de València ha ejecutado una inversión de 60.341.826 euros en política de vivienda “desde la llegada del equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá, lo que supone un incremento del 987% respecto a los 5,5 millones destinados por el anterior gobierno en dos legislaturas completas”, ha destacado el concejal de Urbanismo, Juan Giner. En apenas dos años y medio, los recursos municipales destinados a aumentar la oferta de vivienda en València “multiplican por más de diez los de los ocho años anteriores, con un ritmo promedio mensual de 2 millones de euros frente a los 199.000 euros mensuales del gobierno de PSPV y Compromís”, ha añadido.
Juan Giner ha destacado que el nivel de ejecución del Plan + Vivienda alcanza ya el 45,4% a cierre de 2025 gracias a la incorporación de 446 viviendas al parque público municipal “frente a las solo catorce que el anterior gobierno construyó en ocho años”. “Este incremento del 3.086% en el número de viviendas añadidas representa multiplicar por 31,9 el stock de vivienda pública disponible para atender la demanda de alquiler asequible, especialmente entre jóvenes y familias con rentas medias. La comparación de las cifras resulta abrumadora y evidencia que la vivienda es una verdadera prioridad para el gobierno de María José Catalá”, ha detallado Giner.
Colaboración público-privada
A juicio del equipo de gobierno, una de las fórmulas que se ha revelado más eficaz en el desarrollo del plan es el sistema de permutas, mediante el cual el Ayuntamiento ha incorporado 125 viviendas terminadas con una inversión de 30,1 millones de euros en ubicaciones como Gonzalo Tejero Langarita y José Roca Coll. Estas operaciones han permitido disponer de manera inmediata de viviendas para adjudicar a las personas inscritas en la lista municipal de demandantes de vivienda y, simultáneamente, activar la construcción de otras 606 viviendas de protección pública de promoción privada, un tercio de las cuales ya están en construcción y el resto lo estarán a lo largo de 2026.
“Las permutas son la mejor muestra de que la colaboración entre el sector público y privado funciona cuando hay seguridad jurídica y voluntad de dar respuestas reales a los ciudadanos”, ha destacado el concejal de Urbanismo. El sistema permite ceder solares municipales para que la iniciativa privada desarrolle viviendas protegidas con precios tasados, garantizando oferta asequible a medio plazo mientras el Ayuntamiento dispone inmediatamente de viviendas terminadas para alquiler.
Desbloqueo urbanístico
En el marco del Plan + Vivienda, el gobierno municipal ha impulsado también 17 Programas de Actuación Integrada (PAI) que estaban paralizados desde hace años, lo que permitirá crear un potencial de 13.000 viviendas, de las cuales 2.853 serán protegidas. La reactivación de estos desarrollos urbanísticos se suma a los más de 12 planes especiales en tramitación para transformar barrios como Sant Miquel dels Reis, Campanar-Beniferri, la Saïdia o Tendetes-Marxalenes. El concejal considera que la confianza generada por la agilización administrativa y la seguridad jurídica que rige la actual política municipal de vivienda se ha reflejado también en un aumento sustancial de las solicitudes de licencias para construcción de vivienda de protección pública.
Muestra de ello es que durante 2025 se han solicitado licencias para 457 VPP, frente a las 24 de 2023, lo que supone un aumento del 1.804%. Además, el tiempo de espera para licencias de nueva planta se ha reducido en un 70%. “Hemos demostrado que cuando existe buena gestión, planificación y colaboración con el sector privado, la política se convierte de verdad en un instrumento útil para la ciudadanía”, ha subrayado Juan Giner.
La política municipal en materia de apartamentos turísticos y residencias de estudiantes también está teniendo un impacto indirecto pero significativo sobre el potencial incremento de la oferta de vivienda en alquiler convencional, lo que contribuye a modular los precios. En el caso de la inspección de apartamentos turísticos ilegales, esta se ha incrementado en un 261% y ha generado más de 1.000 órdenes de cese, favoreciendo la reversión de estos inmuebles al mercado residencial. Paralelamente, la construcción de residencias de estudiantes ha permitido crear 1.776 plazas, liberando potencialmente 592 viviendas que estaban destinadas a alquiler estudiantil ahora podrán destinarse a alquiler convencional.
Además, desde el inicio de la legislatura se han concedido 40 licencias de obras y actividad de hotel equivalentes a 7.000 nuevas plazas hoteleras, lo que permite atender la demanda turística mediante alojamiento reglado y potencia las reversiones de apartamentos turísticos a uso residencial.
Soluciones nacionales
A juicio del concejal, los resultados de esta gestión municipal contrastan con la falta de resultados de la política de vivienda del Gobierno de España, “cuya estrategia basada en restricciones, limitaciones de precios e inseguridad jurídica han generado un efecto perverso de contracción del mercado”. En este sentido, Giner recuerda que organismos como el Banco de España y el Parlamento Europeo recomiendan aumentar la oferta de vivienda y ser cautelosos con medidas intervencionistas sobre precios al poder tener efectos adversos sobre la oferta.
“Por eso nosotros estamos actuando en todos los frentes posibles en el ámbito de nuestras competencias para poner más viviendas en el mercado y reducir la presión sobre los precios, pero la solución definitiva a este problema que es nacional no llegará mientras Pedro Sánchez continúe aferrándose al poder pese a su manifiesta incapacidad para sacar adelante ninguna iniciativa en el Parlamento”, ha subrayado el concejal Juan Giner.
En este sentido, Giner ha recordado que, mientras el Ayuntamiento de València “ha movilizado cada metro cuadrado de suelo de su competencia y ha incorporado 446 viviendas en dos años y medio, solares de titularidad estatal como el Cuartel de Ingenieros o de Artillería permanecen paralizados, privando a miles de familias de la posibilidad de acceder a un hogar digno”.
«La eficacia de las medidas municipales requiere complementarse con una estrategia eficaz desde todos los niveles de la administración, especialmente del Gobierno de España, que debe abandonar la parálisis y decidirse a formar parte de la solución mediante un gran Pacto de Estado que priorice el aumento de la oferta con seguridad jurídica y eficiencia y agilidad en la gestión», ha reclamado el concejal.
