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La cesión gratuita de los locales por un máximo de hasta 30 años ahorra más de 101.000 euros a la Generalitat en concepto de IBI
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La consellera de Hacienda destaca que este acuerdo permite acercar los servicios a los vecinos de la localidad y dar cabida a entidades que promueven la participación ciudadana
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha visitado este lunes junto al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y el director general de Patrimonio, Tony Woodward, las instalaciones del PROP y los antiguos juzgados de la avenida Beniardà, cuyo uso ha sido cedido por la Generalitat al Consistorio.
La cesión gratuita de los locales en los que se encontraban los antiguos juzgados permite al Consistorio contar con un espacio de 1.250 metros cuadrados durante un periodo de hasta 30 años. La Generalitat se ahorrará más de 101.000 euros en concepto de IBI por un inmueble que permanecía cerrado desde hace años. El Ayuntamiento utilizará estos locales como extensión administrativa de servicios PROP dirigida a la ciudadanía y para otros servicios municipales. También se contempla la presencia de entidades, asociaciones y colectivos de participación ciudadana.
Ruth Merino ha subrayado que esta cesión permite recuperar la actividad y dar un nuevo uso a un inmueble que había permanecido cerrado durante años con un propósito claro: acercar los servicios a la ciudadanía.
La cesión de los locales de los antiguos juzgados de la Avenida Beniardà se formalizó por acuerdo del Consell el pasado 15 de abril de 2025 y del Pleno del Ayuntamiento de Benidorm el 30 de mayo.
Con este acuerdo el Consell ha atendido a las reivindicaciones que venía realizando sin éxito el consistorio del Benidorm desde 2016, “porque los principios fundamentales en la gestión del patrimonio público deben basarse en la operatividad, utilidad y proximidad”, ha destacado la consellera de Hacienda.
Merino también ha resaltado el compromiso del Consell “con la reutilización y optimización eficiente del patrimonio público valenciano” y ha señalado que con este acuerdo se da un paso más “en esa colaboración leal entre Generalitat y Ayuntamiento, transformando un espacio cerrado y sin uso en un recurso vivo, útil y abierto a toda la ciudadanía”.
