La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se suma a la solicitud formal de ASAJA al ministro de Agricultura, Luis Planas, para aplazar hasta el 1 de enero de 2028 la obligación de mantener registros electrónicos de los tratamientos fitosanitarios, prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564. La organización considera que el sector todavía no está en condiciones de cumplir esta exigencia de forma generalizada.
Pese al aplazamiento ya concedido por la Comisión Europea, ASAJA sostiene que persisten importantes dificultades de adaptación en miles de explotaciones agrarias. Los casos más críticos son las pequeñas y medianas explotaciones, que disponen de menos recursos técnicos, económicos y administrativos.
También preocupan las zonas con problemas de conectividad, donde la cobertura deficiente dificulta el uso de aplicaciones y plataformas. A ello se suman los agricultores de mayor edad, que necesitan formación y acompañamiento adicionales.
Exigir el cumplimiento en las fechas actuales supondría, a juicio de la organización, una carga administrativa añadida que muchas explotaciones no pueden asumir. Además, generaría inseguridad jurídica y riesgo de sanciones para agricultores que actúan de buena fe.
ASAJA pide que Excel sea válido para cumplir la normativa
A estas dificultades se suma el riesgo de confundir esta exigencia con el Cuaderno Digital de Explotación (CUE). ASAJA recuerda que la obligación europea se refiere únicamente a la existencia de registros electrónicos legibles por máquina de los tratamientos fitosanitarios. Por tanto, no impone una herramienta concreta ni un sistema nacional determinado.
Por ello, la organización solicita que sea válida cualquier solución digital que cumpla los requisitos técnicos de la norma, como puede ser Excel.
Igualmente, ha pedido que el Gobierno de España haga uso de la flexibilidad que permite la normativa europea. En concreto, reclama que, en lugar de exigir el registro a los 30 días de la aplicación del producto fitosanitario, la normativa nacional permita anotar los tratamientos hasta el 31 de enero del año siguiente al de su utilización.
Una petición conjunta ante las instituciones europeas
Asimismo, ASAJA insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a liderar una iniciativa conjunta con otros Estados miembros. También pide llevar esta cuestión al próximo Consejo AGRIFISH como punto de «Otros asuntos» (AOB).
A juicio de la organización, las dificultades de adaptación se repiten en explotaciones de numerosos países de la Unión Europea. Por ello, considera que una posición común daría más fuerza a la petición de aplazamiento ante la Comisión Europea.
Con ese objetivo, ASAJA desarrollará contactos con organizaciones homólogas de Francia, Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Polonia y Rumanía. Posteriormente, trasladará la postura compartida a las instituciones europeas y a los Gobiernos nacionales.
Igualmente, ASAJA exigirá un compromiso para aplazar esta obligación en las reuniones que mantendrá durante los próximos días con los partidos políticos de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
La organización reitera que apoya la digitalización del sector y sus beneficios en materia de trazabilidad y gestión. Sin embargo, defiende que este proceso debe abordarse de forma gradual, realista y con un apoyo efectivo a las explotaciones.










