La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está enviando cartas a las entidades de riego valencianas para requerir, en el plazo de tres meses desde la notificación, la obligación de instalar a su costa un sistema de medición telemática de volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico, según establece la normativa, cuyo incumplimiento u omisión da lugar a sanciones de entre 50.001 y 500.000 euros.
Al respecto, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) solicita a este organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “flexibilidad,empatía y comprensión en estos momentos tan delicados porque, aunque la ley lo obliga desde hace tiempo y las entidades de riego están avisadas para cumplir con estas exigencias legales, la CHJ debería conceder más plazo para que el sector agrario supere las dificultades derivadas de la DANA”. No en vano, según las estimaciones de AVA-ASAJA, las pérdidas ocasionadas por el temporal en las entidades de riego ascienden a 300 millones de euros.
La misiva que la CHJ está remitiendo a pozos colectivos y particulares especifica que la Orden TED/1191/2024 obliga a la instalación y mantenimiento de un sistema de control volumétrico que incluye los elementos tecnológicos necesarios para que se registren y almacenen electrónicamente la lectura de los contadores y los volúmenes acumulados circulantes, con al menos una frecuencia diaria para las categorías primera y segunda, e incluso en tiempo real, con una frecuencia horaria, para la categoría tercera.
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Si las entidades no realizan estas instalaciones en el plazo fijado de tres meses, la CHJ advierte de que abrirá un expediente sancionador
AVA-ASAJA considera que “ante las circunstancias excepcionales que estamos atravesando, con unos destrozos catastróficos provocados por la DANA, la prioridad tendría que ser la reconstrucción urgente de los accesos y las instalaciones de riego con la finalidad de volver a poner en funcionamiento el suministro de agua y garantizar así la actividad de las explotaciones agrarias. No estamos diciendo que no haya que cumplir la normativa, simplemente que no parece el mejor momento para apretar las tuercas”.
Decenas de comunidades de regantes, SATs, sociedades civiles particulares, sociedades de riegos y ‘tancats’ de la Albufera situadas en las zonas damnificadas están gravemente dañadas por la virulencia de las aguas torrenciales y de los materiales arrastrados, que provocaron inundaciones, roturas, derrumbes, obstrucciones en las instalaciones y otros desperfectos de alto valor económico. Casetas de pozos anegadas, al contener las bombas y los transformadores, lo han perdido todo. Las motas de los ríos desbordados, azudes, tomas y compuestas de riego, entre otras infraestructuras hídricas, han sido arrastradas por la riada. También siguen afectados kilómetros de tuberías, canales y redes de distribución, que han quedado totalmente inutilizadas e, incluso, en muchas zonas, al transcurrir enterradas bajo las vías o los cauces, han desaparecido junto a la tierra que las cubrían.
