La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) advierte de que la oleada de robos y asaltos a instalaciones de riego sigue agravando el clima de inseguridad en el medio rural y elevando el malestar en las filas del sector agrario, al coincidir además con un año extremadamente seco que requiere un mayor uso de los pozos.
En la comarca de l’Horta Sud, después de los robos registrados en diversos motores de Catarroja, Silla o Massanassa durante los últimos meses, AVA-ASAJA denuncia otro asalto en la Comunidad de Regantes del Remei -una de las más importantes por extensión (71 hectáreas de cultivo) y número de agricultores (200 comuneros) en la huerta de Silla- que causará un impacto económico de 12.000 euros.
Según recoge la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil, los regantes vieron a primera hora de la mañana la puerta exterior entreabierta, lo cual les llamó la atención, y al acercarse vieron que el cerrojo estaba totalmente fracturado. En el interior los asaltantes habían roto otras dos puertas para acceder al transformador con el objetivo de desmantelarlo y arrancar los cables de cobre, dejándolo inutilizado en plena época de riego.
El presidente de la entidad, José María Carbonell, lamenta que “este delito afecta a 200 agricultores que emplean el motor para regar, principalmente, cítricos, caquis y hortalizas. El asalto sucedió la madrugada del 5 de julio y un mes después aún estamos realizando las reparaciones oportunas porque no encontramos transformadores de las mismas características y hemos tenido que adquirir un transformador de segunda mano que, al ser más grande, nos obliga a modificar una pared del recinto. Asimismo, si finalmente no podemos mantener el mismo cerrojo, habrá que facilitar nuevas llaves a todos los comuneros, con el trastorno que ello supone”.
Según estimaciones de AVA-ASAJA, los robos cometidos en el sector agrario de la Comunitat Valenciana alcanzaron los 30 millones de pérdidas en el último año, superando en un 20% los perjuicios del ejercicio precedente. AVA-ASAJA reitera al Gobierno que amplíe la vigilancia en las explotaciones y los centros de recepción de las mercancías robadas mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Asimismo, insiste en endurecer el Código Penal para que se apliquen penas más duras por la acumulación de hurtos en el medio rural.
