La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) reclama al Gobierno que no haga efectiva y retire inmediatamente la obligación de pagar cuotas de afiliación a la Seguridad Social como autónomos agrarios (en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios SETA) –que se sitúan alrededor de 230 y 250 euros al mes– a todos los productores que obtienen ingresos agrarios. Cuando hasta ahora esa obligación únicamente se aplica a quienes perciben más del 50% de sus rentas totales de la venta de sus producciones agrícolas o ganaderas.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denuncia que el Real Decreto 15/2020 “aprobado con nocturnidad y alevosía durante la pandemia y protestado en su momento por ASAJA, es una puñalada trapera y una poca vergüenza. Propia de un Gobierno que exhibe, una vez más, un afán recaudatorio sin límites. Si acaba llevando a cabo esta barbaridad, le puede salir muy caro a miles de familias que solo tienen en el campo unos modestos ingresos complementarios. Pero a la vez le puede salir muy caro al país en abandono de campos, en disminución de capacidad productiva, en puestos de trabajo directos e indirectos, en degradación paisajística y medioambiental. Además de un largo etcétera. Si el ejecutivo quiere hacer las cosas mal, más vale que dimita ya antes de que la pérdida de votos le pueda costar el Gobierno y deje un problema bien gordo al siguiente”.
“La agricultura valenciana sería la más perjudicada”
Aguado advierte de que “la agricultura valenciana sería la más perjudicada por su estructura minifundista y por la mayoritaria proporción de agricultores que tienen una dedicación a tiempo parcial. Si a un pequeño agricultor le obligan a cotizar también como autónomo y pagar el doble de impuestos, ¿cualquier jubilado tendrá que seguir cotizando por sus modestas cosechas y correr el riesgo de perder su jubilación?. ¿Tendrá que cotizar como autónomo un señor que tiene acciones en un banco, o quien tiene tres pisos alquilados?. Que el Gobierno se aclare y diga si quiere expulsar a los pequeños propietarios, porque lo único que criaría en los campos serían ratas y mosquitos”.
El dirigente agrario solicita al ejecutivo central que actúe en consonancia a la diversa realidad del sector primario. De manera que, «en lugar de penalizarles con más impuestos y trabas burocráticas, lo que debería hacer es ayudar a los agricultores y ganaderos a generar economía. A fijar población rural, a preservar el territorio y a cuidar el medio ambiente. El objetivo del Gobierno no ha de ser engordar la Administración, sino quitar impuestos para potenciar la actividad empresarial y mejorar el bienestar de toda la sociedad”.
