Agricultura señala la ‘necesaria revisión de la política comercial europea en materia agroalimentaria’ y exige reciprocidad en las normas y recuperar la preferencia comunitaria
– Mireia Mollà desgrana su posición ante la evaluación de la política comercial comunitaria y las estrategias agroalimentarias
– La Conselleria propone introducir medidas en favor de la sostenibilidad y el consumo de proximidad
La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha defendido la «necesaria revisión de la política comercial europea en materia agroalimentaria», un cambio de rumbo que la Conselleria considera «necesario» para incluir la reciprocidad en todos los ámbitos y recuperar la preferencia comunitaria.
Mollà considera la exigencia una «cuestión de coherencia» ‘De la granja a la mesa’
Esta es una de las principales conclusiones del posicionamiento expresado por la Administración autonómica ante la evaluación de la política comercial europea propuesta a mediados de junio por el actual comisario europeo de Comercio y excomisario de Agricultura, Phil Hogan. Es una postura que la Conselleria ya avanzó en la última conferencia sectorial del Ministerio de Agricultura junto al resto de comunidades autónomas.
La agricultura, sometida a importantes cambios a escala europea, como la nueva PAC, el Pacto Verde Europeo o los documentos ‘De la granja a la mesa y Biodiversidad horizonte 2030,’ «sufre, asimismo, las tensiones de unos acuerdos comerciales que intensifican la competencia sin que esta se dé en igualdad de condiciones», según la postura de la Conselleria.
Las propuestas del departamento que dirige Mireia Mollà ponen el acento en reequilibrar las fuerzas desde la reciprocidad: «Exigir idénticas normas que la Unión Europea impone a los productores europeos, a las mercancías importadas de países terceros donde se haya firmado un tratado».
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha incidido, en concreto, en la aplicación de productos fitosanitarios: «Lo que no se puede utilizar en nuestra agricultura, no se puede utilizar en los campos de productos que tengan que entrar en el mercado comunitario».
Mollà considera la exigencia una «cuestión de coherencia», teniendo en cuenta, sobre todo, la reducción progresiva de pesticidas químicos, antibióticos o plaguicidas que introduce la estrategia ‘De la granja a la mesa’.
La intensificación de los controles y las inspecciones, ante el riesgo de entrada de nuevas plagas, una constante en las reivindicaciones de la consellera que, entre sus demandas, también aboga por la creación de un «organismo único de control fronterizo» y «el tratamiento en frío obligatorio para las importaciones de frutas y hortalizas, como se exige a la UE para sus exportaciones».
La Conselleria considera que estas medidas suscitan el consenso del sector y de los consumidores y consumidoras «ante una amenaza que ya se ha materializado, como muestran las plagas importadas del ‘Cotonet’ de les Valls o la más reciente ‘Pulverina'», como han constatado los trabajos de campo de los equipos de Sanidad Vegetal.
Consumo de proximidad
En relación con el Pacto Verde Europeo, «una de las grandes transformaciones de la Unión Europea en su conjunto y de cada uno de los estados miembros», Mireia Mollà ha destacado «el impacto positivo del consumo de proximidad en un contexto de reducción de las emisiones y de gasto energético».
En este sentido, el documento de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica propone aplicar una tasa de contaminación al transporte de productos importados de terceros países, así como poner en marcha campañas en favor del consumo de productos comunitarios que cuentan con una menor huella de carbono.
Otra de las peticiones es agilizar el proceso de aplicación de las cláusulas de salvaguardia, para que permitan revertir a tiempo las distorsiones detectadas en el mercado, una condición especialmente importante en productos perecederos como frutas y hortalizas.
No obstante, «las cláusulas de salvaguardia también pueden incorporar mejoras en el caso de productos no estacionales, como el arroz o el zumo, para garantizar la supervivencia del sector», concluye la propuesta valenciana.
