Las recientes declaraciones ante el juzgado de Catarroja han vuelto a poner bajo el foco la actuación de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la gestión de la DANA que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024. Numerosos testimonios y registros apuntan a que hubo fallos graves en la anticipación, comunicación por parte de la CHJ, lo que podría constituir una negligencia con consecuencias trágicas.
1. Retraso en el aviso crítico
Polo admitió que no tuvo conocimiento del caudal extremo del barranco del Poyo hasta las *18:45 horas*, cuando, según otros informes, el sensor ya había registrado niveles excepcionales horas antes.
El informe de la Guardia Civil subraya que entre las *16:15 y las 18:43 horas* ya se superaban niveles de riesgo (umbrales del sistema SAIH), pero no se emitieron alertas ni se obligó al envío de mensajes de advertencia al centro de emergencias (Cecopi).
2. Sensor insuficiente o mal ubicado
El sensor del Poyo supervisado por la CHJ solo monitorizaba parte de la cuenca (aguas arriba) y no los barrancos de Horteta y Gallego, que contribuyeron a la ola de agua que desbordó la rambla del Poyo. Esta parcialidad en el sistema de monitoreo pudo haber impedido conocer la magnitud real del caudal total hasta demasiado tarde.
3. Falta de comunicación efectiva
Polo admitió que no se habían enviado correos informativos en momentos críticos. Asimismo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, declaró que no fue informada por Polo sobre los desbordamientos del Poyo ni del río Magro, sino que se enteró por medios de comunicación.
4. Contradicciones con otras versiones
– Polo ha dicho que “no era relevante” informar antes sobre incrementos de caudal del Poyo, aludiendo a que los barrancos tienen subidas rápidas difíciles de prever, y que las competencias de interpretar esos datos pertenecen a la Generalitat.
– Bernabé, sin embargo, ha afirmado que la CHJ no le informó de desbordamientos, que ella se enteró tarde por medios externos, y que tanto el sensor como los datos SAIH estaban activos pero no tradujeron esos datos en aviso oficial oportuno.
¿Cuales son las posibles líneas de responsabilidad?
De lo expuesto surge que podría existir responsabilidad en Miguel Polo, al menos en estos aspectos:
– No anticipar suficiente el riesgo, a pesar de que los sensores ya indicaban niveles críticos horas antes.
– No alertar formalmente al Cecopi ni coordinar eficazmente con Protección Civil ni con la Generalitat para que se adoptaran medidas preventivas.
– Faltar comunicación directa oportuna a otros agentes, como delegada del Gobierno,pese a los datos disponibles.
La juez encargada del caso tendrá que valorar si estos fallos constituyen una conducta negligente, es decir, si existía el deber legal y técnico de actuar y si su inacción o demora se tradujo en perjuicio imputable. En consecuencia, podría derivarse en responsabilidad penal o administrativa, dependiendo de lo que se demuestre en la instrucción.
