La Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana ha dado un nuevo paso adelante después de que el Consell haya aprobado el anteproyecto de la norma que regulará la ordenación del territorio y el urbanismo en la autonomía.
El texto nace con el objetivo de establecer un marco regulador más claro, coherente y técnicamente riguroso para afrontar los retos territoriales y urbanísticos actuales. Además, pretende simplificar trámites, eliminar cargas innecesarias, corregir incoherencias y reforzar la seguridad jurídica.
La nueva regulación sustituirá íntegramente al Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobado en 2021.
La Ley Suelo sustituirá a la normativa vigente
Según explica la Generalitat, el anteproyecto es el resultado de un proceso abierto de reflexión en el que han participado administraciones, agentes sociales y ciudadanía.
La norma busca facilitar la aplicación de las políticas urbanísticas y territoriales, al tiempo que mantiene la protección del territorio, el respeto al medio ambiente y una atención preferente al acceso a la vivienda, especialmente a la vivienda sometida a algún régimen de protección pública.
La ordenación territorial pasa a convertirse en una pieza estructural del sistema, alineando políticas relacionadas con vivienda, industria, infraestructuras, transporte y protección ambiental.
Un plan urbanístico específico para municipios pequeños
Entre las principales novedades figura la creación del Plan Urbanístico Simplificado para municipios pequeños o en riesgo de despoblación.
El nuevo instrumento reducirá la carga técnica y adaptará los trámites a las necesidades de estas localidades, con el objetivo de adecuar mejor la gestión urbanística a las características del medio rural.
Además, el Plan General pasará a tener un carácter principalmente estratégico y directivo, mientras que la ordenación pormenorizada corresponderá al planeamiento de desarrollo, permitiendo una adaptación más ágil del planeamiento urbanístico.
Nuevos proyectos estratégicos y medidas sobre vivienda
La norma incorpora los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) como herramienta para facilitar la implantación de iniciativas estratégicas vinculadas a la inversión y la creación de empleo estable.
Estos proyectos podrán aprobarse en un plazo de seis meses cuando requieran licencia ambiental y en nueve meses cuando necesiten Autorización Ambiental Integrada, previo acuerdo del Consell.
En materia de vivienda, el anteproyecto establece reservas de edificabilidad residencial del 40 % en suelo urbanizable y del 20 % en actuaciones de reforma o renovación en suelo urbano, en línea con la legislación básica estatal.
Asimismo, regula las edificaciones preexistentes fuera de ordenación mediante órdenes individualizadas de minimización que exigirán condiciones de seguridad, salubridad e integración paisajística.
Más agilidad administrativa y control urbanístico
La futura ley clarifica la diferencia entre licencias y declaraciones responsables e incorpora la licencia básica o de aspectos esenciales para agilizar determinadas actuaciones edificatorias.
También mantiene la colaboración de las entidades colaboradoras urbanísticas en la tramitación de licencias.
Por otra parte, el texto precisa el régimen del suelo no urbanizable, diferenciando entre suelo común y suelo protegido, e introduce fórmulas más flexibles de gestión urbanística mediante colaboración público-privada, gestión municipal y gestión por parte de los propietarios.
La disciplina urbanística se reforzará mediante la actuación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio para garantizar una aplicación homogénea de la normativa y una respuesta más eficaz frente a actuaciones ilegales.
En conjunto, la norma apuesta por un modelo urbanístico basado en la rehabilitación, la movilidad sostenible, la eficiencia energética y el equilibrio territorial.
