La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha anunciado la presentación por parte de la Generalitat de un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024 del Gobierno que regula el Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital, al considerar que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo.
Marián Cano ha afirmado que el objetivo es “evitar el perjuicio al sector turístico de la Comunitat Valenciana, que ya lo está notando por la repercusión dañina y los efectos negativos de su aplicación”.
“Estamos a favor de eliminar el alquiler de alojamientos turísticos ilegales, pero consideramos que la norma no tiene las bases jurídicas y técnicas necesarias, como así lo ha ratificado también el dictamen del Consejo de Estado en el expediente 1926/2024”, ha argumentado la consellera.
En esta línea, ha remarcado que desde el Consell están de acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y el fin que se persigue. Sin embargo, se posicionan en contra de la ejecución que ha diseñado y puesto en marcha el Gobierno central.
“Es importantísimo controlar el alquiler turístico ilegal, pero desde una normativa trabajada con las comunidades autónomas y que resuelva una problemática real”, ha señalado Cano, para quien “esta norma impone duplicidades innecesarias y limita nuestra capacidad de actuación”.
La titular de Turisme ha señalado que el pasado 24 de febrero su departamento presentó un requerimiento previo para corregir las disposiciones del decreto que vulneran la legalidad, “pero el Gobierno de Sánchez ha actuado con soberbia, sin ninguna voluntad de diálogo ni coordinación con los territorios”.
En este contexto, Marián Cano ha afirmado que desde la Conselleria desean «impedir que se creen duplicidades con los registros autonómicos ya existentes, y que se respete la competencia autonómica para actuar contra ofertas ilegales y ordenar la retirada de anuncios”.
“Exigimos al Gobierno una vía real de diálogo para resolver este conflicto competencial, convocando urgentemente a las comunidades autónomas para abordar de forma conjunta la regulación del alquiler turístico”, ha concluido la responsable de la política turística del Consell.
