La Generalitat Valenciana ha denunciado este sábado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha mantenido durante más de un año una propuesta “inviable desde el punto de vista ambiental” para el proyecto de ampliación de la desaladora de Torrevieja, al pretender ubicar una de las balsas en terrenos incluidos en la Red Natura 2000. Esta decisión ha generado, según el Ejecutivo autonómico, un bloqueo técnico y legal que ahora “se pretende atribuir falsamente” a la administración valenciana.
El secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha afirmado que la CHS sabía desde 2023 que no podía ubicar una de las dos balsas contempladas en el proyecto de la desaladora de Torrevieja en suelo protegido, y ha remarcado que “no sólo es una irresponsabilidad, es una mentira continuada a regantes y ciudadanos”.
“Desde la Generalitat hemos trabajado para buscar soluciones y ya les hemos propuesto una nueva ubicación alternativa en Hurchillo, que cumple con los criterios técnicos, tiene la misma cota y no supone más coste. Lo que no vamos a permitir es que se pisotee la legalidad ambiental ni que se use el agua como herramienta política», ha puntualizado.
Además, ha recordado que fue él mismo quien, hace tres semanas, advirtió públicamente del problema con la balsa y se comprometió a ofrecer soluciones. “Es indignate que se culpe a la Generalitat de bloquear el agua, cuando es el Gobierno central quien lleva años sin actuar y ahora pretende imponer conducciones ilegales, es una muestra más del uso partidista y sectario que hace del agua,” ha añadido Raúl Mérida.
Por su parte, la directora general de Agua, Sabina Goretti Galindo, ha denunciado la injustificable demora de cinco años, anunciada esta semana por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de las nuevas desaladoras de Torrevieja y Águilas (Murcia), “presentada como la gran alternativa al trasvase Tajo-Segura, mientras se sigue adelante con un recorte que amenaza seriamente el futuro del regadío en el levante español”.
Galindo ha recordado que el recorte del trasvase Tajo-Segura por parte del gobierno de Pedro Sánchez “sin ningún aval técnico conllevará pérdidas económicas que alcanzarán los 6.000 millones de euros, la destrucción de 15.000 empleos y la tala de 10 millones de árboles”.
“Lo que necesitamos son soluciones, no titulares políticos. El agua es un bien común, no un arma electoral. Mientras algunos mienten, nosotros trabajamos con rigor técnico y legal para garantizar el agua a nuestra tierra,” ha concluido Galindo.
