El secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galvañ, ha denunciado que el sistema de distribución de fondos del Gobierno central, a través del SEPE, vuelve a situar a la Comunitat Valenciana entre los territorios más perjudicados. Según ha explicado, esta situación dificulta la puesta en marcha de políticas activas de empleo esenciales para las personas desempleadas, las empresas y los colectivos vulnerables. Galvañ ha realizado estas declaraciones tras una reunión técnica destinada a analizar los indicadores previstos en el PAFED 2025, que servirán de base para el reparto de fondos del ejercicio 2026.
Un reparto que deja a la autonomía en penúltima posición
Según el informe elaborado por Labora, la Comunitat Valenciana continúa recibiendo una de las financiaciones más bajas del país por persona desempleada, situándose en la penúltima posición entre las autonomías. Con 718 euros por desempleado, la cifra queda 248 euros por debajo de la media estatal y 998 euros menos que la comunidad mejor financiada. Galvañ ha señalado que este reparto implica que los valencianos disponen de un 139 % menos de recursos que otras autonomías para ejecutar políticas activas de empleo, lo que compromete gravemente la capacidad de ofrecer formación, orientación y programas de inserción laboral.
Un sistema que ignora indicadores básicos
Otra de las críticas del director general de Labora es que el sistema de reparto actual no tiene en cuenta variables esenciales como la población activa, la población desempleada o la estructura productiva del territorio. Según ha subrayado, esto genera un reparto desigual que perjudica especialmente a comunidades con mayor vulnerabilidad en el mercado laboral. Además, la Comunitat Valenciana es la única autonomía que en los últimos tres años, pese a mantenerse congelado el presupuesto estatal, ha visto disminuir el importe recibido por persona desempleada, ampliándose cada año la brecha respecto a otros territorios.
Falta de transparencia en la asignación de fondos
Galvañ ha puesto también el acento en la falta de claridad en la matriz de indicadores utilizada para el reparto de fondos del 2025. Aunque el PAFED contemplaba aplicar Indicadores de Cumplimiento de Objetivos, finalmente no se incorporaron, y las comunidades no recibieron información detallada sobre aspectos clave como el servicio de formación o la mejor combinación de servicios. Tampoco conocieron los resultados propios ni los del resto de territorios. La propia ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconoció públicamente la dificultad para comprender la matriz empleada. Para el Consell, esta situación vulnera los principios de transparencia y equidad que deben regir la distribución de fondos públicos.
