El PPCS ha puesto hoy en valor el cambio de políticas que al frente de la Diputación de Castellón convierten a esta institución en garante de la supervivencia hídrica de la provincia tras el abandono del gobierno de España, que es la administración competente. Así lo ha manifestado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien ha celebrado que «hoy aquello que los dirigentes en la Diputación y la Generalitat Valenciana dicen es lo que hacen, que no hay venta de humo ni propaganda».
Aguilella ha hecho estas manifestaciones en relación a la hoja de ruta marcada por la Diputación de Castellón al Consell en materia de agua. «Se trata de uno de los principales retos a los que nos enfrentamos sin que el Gobierno de España esté ni se le espere«. «Pero afortunadamente hoy, al frente de la Diputación de Castellón, con Marta Barrachina, y al frente del Consell, con Carlos Mazón, hay políticos cuya palabra vale y cuenta».
La Diputación Provincial de Castellón ha adjudicado 8 millones de euros para corregir necesidades en materia de infraestructuras hídricas con el compromiso de la Generalitat Valenciana. Asimismo, el pasado agosto, el presidente del Consell aprobó la declaración de emergencia que permitiera garantizar el abastecimiento en Canet lo Roig, La Jana y Traiguera con una inversión de 4,3 millones de euros. Esta misma semana, el martes se aprobaron obras en Vistabella, Benafigos y Xodos por valor de 3,6 millones de euros. Hoy la Diputación defiende de forma prioritaria invertir 15 millones de euros en el sondeo para abastecimiento en el término municipal de Culla y la conducción entre el depósito de regulación central en Atzeneta del Maestrat y el depósito de regulación en Sant Pau en Culla.
«Hoy se trabaja para cumplir», ha declarado Salvador Aguilella, frente a un presidente, Pedro Sánchez, «al que le importa más el concierto singular con el separatismo catalán que implementar soluciones frente a la sequía”. Tal y como señala el secretario general del PPCS, el proyecto del aliviadero del pantano de Arenós, presupuestado en 9.708.260,64 euros, ha sido anulado pese a que estaba prevista su adjudicación este año. Esta obra “hubiera permitido ampliar en 100 hm³ más la capacidad de riego de los cultivos de más de 30.000 hectáreas de la Plana de Castellón y su suspensión es un castigo para los agricultores”. “Hoy el problema se agrava”.
De la mano de los regantes
El pasado 18 de mayo, el secretario general del PPCS se reunió con la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana, así como regantes y organizaciones agrarias para abordar la emergencia hídrica.
“El gobierno de Pedro Sánchez nos ha abandonado, también en la planificación y gestión del agua que la Constitución Española atribuye como competencia exclusiva del Estado. Hay cero planificación y cero inversiones por parte del Gobierno de España en la provincia de Castellón”, señala el secretario general del PPCS.
Y frente a este castigo, la defensa de la provincia. “Hemos reclamado en la Vall d’Uixó la autorización al Gobierno de España del uso de la balsa del Belcaire para regar las parcelas agrícolas en la zona de la Plana Baixa”. “Hemos exigido la restitución del proyecto del aliviadero del pantano de Arenós para ampliar su capacidad de los 592,9 metros cúbicos actuales a los 595”.
Asimismo, “hemos exigido ayudas directas de las confederaciones para poner en marcha los pozos de sequía, porque frente a imposiciones al sector agrícola que les obligan a reducir un 10% el uso de agua para los regadíos hay que implementar soluciones”.
Por último, “hemos defendido el uso de las aguas regeneradas para el riego que fueron bloqueadas durante la última legislatura”. “Hay que reclamar ayudas a Europa para garantizar agua con fines agrícolas y ganaderos, además de poner en marcha un plan de emergencia en cada municipio”. “Pero para lograrlo hay que hacerlo de la mano de un Gobierno de España presente y consciente, no con un presidente centrado en sus intereses, como lamentablemente ocurre en estos momentos”.
