La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha expuesto la situación de la Administración de Justicia y de la Administración Pública en un almuerzo-coloquio organizado por Andersen. Durante su intervención, ha reafirmado su compromiso con un modelo judicial más ágil, moderno y eficiente. Recordó que su departamento gestiona 36 partidos judiciales, 75 sedes, unos 5.700 empleados públicos del ámbito judicial y más de 21.000 efectivos de Función Pública, además de la red PROP.
Visitas a los partidos judiciales y diagnóstico directo
Martínez explicó que ha visitado 28 de los 36 partidos judiciales, lo que le ha permitido recopilar las principales necesidades planteadas por jueces, fiscales, letrados, forenses y personal de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Subrayó que estas visitas han facilitado resolver incidencias y ajustar prioridades de inversión.
El desafío de aplicar la Ley Orgánica 1/2025
Entre los retos más complejos, la consellera situó la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuya entrada en vigor —afirmó— se está produciendo “sin coordinación y sin provisión de recursos por parte del Gobierno central”. Solo la adecuación de las infraestructuras judiciales supondrá alrededor de 50 millones adicionales.
Inversiones en infraestructuras judiciales
Martínez destacó que desde 2023 la Generalitat ha ejecutado más de 70 millones en obras judiciales, frente a los 23 millones del gobierno anterior. Citó como actuaciones clave el Palacio de Justicia de Gandia (22,3 millones), el de Llíria (18,5 millones) y el de Alzira (21,1 millones).
Entre los proyectos en marcha, mencionó la nueva Ciudad de la Justicia de Alicante (78,4 millones), la reforma del TSJCV (más de 35 millones), el futuro Palacio de Justicia de Ontinyent (11 millones) y la licitación recién autorizada del de Sagunt (37 millones).
Justicia gratuita y pagos a profesionales
La consellera destacó el funcionamiento del sistema de justicia gratuita, que en 2024 supuso más de 58 millones para abogados y procuradores. Señaló que los baremos valencianos se sitúan entre los más altos del país y que en 2025 se están realizando pagos bimestrales próximos a los diez millones, cumpliendo los plazos establecidos.
Reducción de la temporalidad en la Administración Pública
En materia de Función Pública, Martínez indicó que 2024 cerró con un descenso de casi trece puntos en la temporalidad, pasando del 54 % al 42 %, lo que consideró un avance relevante hacia una estructura más estable.
