Educación propone reducir la jornada laboral del profesorado a 35 horas semanales
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha presentado en la mesa sectorial el borrador del nuevo decreto que regulará el horario laboral del personal docente de la Comunitat Valenciana. La propuesta sustituye a la actual Orden de 29 de junio de 1992 con el objetivo de adaptar la normativa a las necesidades actuales del sistema educativo y mejorar las condiciones laborales del profesorado.
Entre las principales novedades destaca la reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales, así como la disminución de la permanencia obligatoria en los centros educativos, que pasaría de 30 a 28 horas semanales.
Menos carga presencial y mayor claridad en la organización
El nuevo decreto establece una regulación más detallada de la distribución de la jornada, diferenciando las horas lectivas, las complementarias y las de libre disposición.
Según la Conselleria, esta reorganización permitirá reducir la carga presencial del profesorado y ofrecer un marco normativo más claro y adaptado a la realidad actual de los centros educativos.
El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha señalado que la propuesta responde a reivindicaciones históricas del colectivo y supone «una mejora objetiva de las condiciones laborales del personal docente de la Comunitat Valenciana».
Derecho a la desconexión digital
El texto también incorpora novedades relacionadas con la organización del trabajo y la protección del profesorado.
Entre ellas figura el reconocimiento expreso del derecho a la desconexión digital, de manera que el personal docente no estará obligado a atender comunicaciones fuera de su horario de dedicación al centro.
Asimismo, se prevé una mayor flexibilidad para desarrollar determinadas tareas fuera del centro educativo y se regula el control horario mediante aplicaciones corporativas, garantizando la protección de datos personales.
Medidas específicas para determinados colectivos
La propuesta contempla además medidas dirigidas al profesorado mayor de 55 años, a personas con una discapacidad igual o superior al 50 % y a quienes padezcan enfermedades graves.
El decreto también aborda aspectos relacionados con la cobertura de ausencias y bajas médicas, así como medidas destinadas a reforzar la seguridad jurídica del profesorado en el ejercicio de su labor docente.
La iniciativa inicia ahora su proceso de negociación con las organizaciones sindicales antes de su aprobación definitiva.
