La Generalitat recurrirá ante los tribunales el deslinde aprobado por el Gobierno central para un tramo de costa situado entre Vinaròs y Benicarló, en la provincia de Castellón. La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que establece la delimitación del dominio público marítimo-terrestre en esta zona del litoral castellonense.
La resolución, aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el 30 de julio de 2026, afecta a aproximadamente 2.249 metros de costa comprendidos entre la playa dels Cossis y el entorno del barranco d’Aigua Oliva.
El Ejecutivo autonómico considera que la orden no se ajusta a derecho y fundamenta su decisión de acudir a la vía judicial en las alegaciones que presentó durante la tramitación administrativa del expediente.
Un deslinde de 2.249 metros entre Vinaròs y Benicarló
La delimitación aprobada por el Ministerio afecta a un tramo del litoral situado entre dos puntos de referencia de la costa de Vinaròs y Benicarló: la playa dels Cossis y el entorno del barranco d’Aigua Oliva.
Durante el procedimiento administrativo, la Generalitat mostró su disconformidad con la propuesta ministerial y presentó diferentes alegaciones para expresar su oposición al deslinde.
En concreto, la Administración autonómica emitió un informe desfavorable el 10 de marzo de 2026, dentro del trámite de audiencia del expediente. Sin embargo, el Ministerio aprobó finalmente la delimitación mediante una orden fechada el 30 de julio de ese mismo año.
Tras esta decisión, la Vicepresidencia Tercera considera que existen motivos para impugnar la resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La Generalitat defiende a los vecinos y sus viviendas
Uno de los argumentos expuestos por el Ejecutivo valenciano se centra en las posibles consecuencias del deslinde sobre los propietarios y residentes de la zona afectada.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha asegurado que la Generalitat defenderá los intereses de los vecinos y la seguridad jurídica de las familias que puedan verse afectadas por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.
«No hablamos solo de una línea en un mapa. Hablamos de viviendas, de patrimonio familiar y de personas que pueden perder su casa», ha manifestado García Manzana.
El responsable autonómico también ha insistido en el compromiso de la Generalitat de respaldar a las familias afectadas y ha asegurado que la Administración valenciana no permanecerá al margen de las consecuencias que pueda tener la resolución ministerial.
«No vamos a mirar a otro lado», ha añadido.
El conflicto por el deslinde llegará a la vía contencioso-administrativa
La autorización concedida a la Abogacía de la Generalitat permitirá formalizar el correspondiente recurso judicial contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La decisión supone trasladar a los tribunales la discrepancia entre ambas administraciones sobre la delimitación de este tramo del litoral castellonense.
La Generalitat sostiene que la resolución ministerial no se ajusta a derecho y considera necesario impugnarla para defender su posición y los intereses de los vecinos afectados.
Con este paso, el Ejecutivo autonómico abre la vía judicial para cuestionar el deslinde de los 2.249 metros de costa comprendidos entre la playa dels Cossis y el barranco d’Aigua Oliva, en un procedimiento cuyas consecuencias afectan tanto a la delimitación del dominio público marítimo-terrestre como a la situación de las propiedades situadas en el entorno.
