La Generalitat seguirá impulsando mecanismos legales para proteger los derechos de usuarios y profesionales sanitarios, “garantizando que cualquier ciudadano que vea vulnerados sus derechos pueda acceder a la administración de justicia en condiciones de igualdad”. Así lo afirmó la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, durante la inauguración del VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana, celebrado en Alicante.
La consellera lamentó que este esfuerzo se realice “a pesar de no contar con los recursos necesarios como consecuencia de la infrafinanciación estructural que sufre nuestra comunidad”.
Un foro sobre derecho y salud
El congreso incluyó mesas de debate sobre el derecho a la salud como derecho universal, la salud mental, los métodos alternativos para la resolución de controversias sanitarias, las agresiones a profesionales del sector y el análisis de nuevas normas, entre ellas la Ley ELA.
Ley ELA: avances y retos pendientes
Martínez recordó que la Ley ELA representa “un avance sustancial en la mejora de los servicios de atención y apoyo tanto para quienes padecen la enfermedad como para sus familias”. Sin embargo, denunció que “el Gobierno de España debería haber dotado de recursos adicionales a las comunidades autónomas para poder desplegar la norma con eficacia”.
La consellera subrayó que esta falta de financiación estatal “no es una novedad” y la comparó con la reciente Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, que exige fuertes inversiones para adaptar las estructuras judiciales sin aportar los fondos necesarios.
Prioridad en los servicios públicos
“Somos conscientes de que, sin recursos suficientes, el esfuerzo es mayor para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos, pero les aseguro que para este Consell es prioritario tanto ofrecer la mejor atención sanitaria como garantizar la tutela efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos”, concluyó Martínez.
