La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha trasladado su rechazo, como representante de la Comunitat Valenciana, a participar en el Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocado para este miércoles, 8 de abril.
Albalat ha calificado la convocatoria de “ilegal” y ha advertido de que cualquier acuerdo que se adopte en la reunión carecerá de validez legal al haberse omitido los procedimientos esenciales de formación de la voluntad del órgano colegiado.
Impugnación del orden del día por irregularidades
La decisión de la Comunitat Valenciana se produce tras la impugnación formal del orden del día por parte de la Generalitat. Según la documentación remitida, la Presidencia de la Conferencia Sectorial, ostentada por la ministra Sira Rego, incluyó en la convocatoria puntos que habían sido expresamente rechazados por la Comisión Sectorial en su reunión del pasado 17 de marzo.
“No podemos asistir a una reunión que nace viciada de nulidad. El Gobierno de España ha decidido actuar al margen de las normas, ignorando que el orden del día debe ser aprobado previamente por la Comisión preparatoria”, ha afirmado la consellera, al tiempo que ha lamentado que el Ministerio intente imponer por la vía de los hechos temas como el Real Decreto sobre la capacidad de los sistemas de protección, a pesar del voto en contra mayoritario de las comunidades autónomas.
Críticas al sistema de reparto de menores migrantes
Más allá de los defectos formales, Elena Albalat ha criticado también la política de reparto de menores migrantes no acompañados que está ejecutando el Ejecutivo central. “La ausencia de la Comunitat Valenciana no es una falta de solidaridad, es un ejercicio de responsabilidad ante un Gobierno que impone traslados forzosos de manera unilateral”, ha aseverado.
La consellera ha denunciado que el sistema de protección valenciano se encuentra “muy tensionado” y que el Estado pretende que las autonomías asuman competencias exclusivas sin la dotación financiera adecuada. “Lamentamos profundamente el modelo de reparto que está llevando a cabo el Gobierno de Sánchez que es discrecional, sin planificación y que ignora la realidad de nuestros recursos”, ha subrayado.
Ofensiva legal contra el Gobierno central
La responsable de Servicios Sociales ha recordado que la Generalitat mantiene una ofensiva legal activa para frenar lo que considera una invasión de competencias y un riesgo para la sostenibilidad del sistema de protección. Por un lado, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025 al considerar que vulnera las competencias exclusivas autonómicas.
De manera paralela, vía contencioso-administrativa, se han interpuesto recursos contra las resoluciones estatales que imponen reubicaciones forzosas. Al respecto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha comenzado a anular resoluciones de traslado por falta de motivación. “Las sentencias confirman que el Gobierno central no explica los criterios para asignar a un menor, lo que genera una indefensión”, ha señalado Albalat.
