La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado el compromiso del Consell con la inclusión laboral y el empleo estable mediante un conjunto de ayudas que movilizan 4,8 millones de euros para favorecer la contratación de personas con discapacidad y de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
Reunión con el CERMI y presentación de las ayudas
Camarero ha realizado estas declaraciones durante la reunión mantenida con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en la que ha presentado las distintas líneas de subvenciones impulsadas por Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, como una apuesta decidida por mejorar la empleabilidad de quienes más apoyo necesitan.
La inclusión laboral como prioridad del Consell
“Estas ayudas responden a una prioridad clara del Consell: que nadie quede fuera del mercado laboral por razón de discapacidad o por pertenecer a un colectivo con especiales dificultades de inserción”, ha subrayado la vicepresidenta primera, quien ha añadido que la inclusión laboral es también una inversión social y económica para la Comunitat Valenciana.
Una estrategia integral de apoyo al empleo inclusivo
Las subvenciones se dirigen a empresas y personas trabajadoras autónomas con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana y contemplan un máximo de dos contratos subvencionados por entidad, reforzando así el acceso al empleo estable en el mercado ordinario de trabajo.
Ayudas para la contratación de personas con discapacidad
Las líneas de subvención incluyen ayudas específicas para la contratación de personas con discapacidad, especialmente aquellas procedentes de Centros Especiales de Empleo o con discapacidad severa, con el objetivo de facilitar su transición al empleo ordinario.
Apoyo a colectivos de atención prioritaria
Asimismo, se refuerzan las ayudas a la contratación indefinida de personas desempleadas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción, como personas en riesgo de exclusión social, desempleados de larga duración, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.
Requisitos para acceder a las ayudas
En todos los casos, las personas destinatarias finales deberán haber permanecido desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Labora durante al menos tres meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la contratación.
Cuantía de las ayudas
Las subvenciones oscilan entre 10.000 y 25.000 euros por contrato, en función del colectivo y de las circunstancias de la persona contratada.
En el caso de la contratación indefinida de personas con discapacidad procedentes de Centros Especiales de Empleo, la ayuda asciende a 12.500 euros, pudiendo incrementarse hasta 20.000 euros si la persona es víctima de violencia sobre la mujer y hasta 25.000 euros cuando concurre además una discapacidad severa.
También se contemplan ayudas para la contratación temporal de personas con discapacidad severa, por un periodo de entre tres y doce meses, con una subvención de 900 euros por cada mes de mantenimiento del contrato. Estas ayudas incluyen contrataciones a tiempo parcial con una jornada mínima de 15 horas semanales, aplicándose la reducción proporcional correspondiente.
Acceso a la vivienda para personas con discapacidad
Durante la reunión con el CERMI, la vicepresidenta primera ha señalado que el Consell trabaja también para facilitar el acceso a la vivienda como elemento clave para la autonomía personal y la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.
Reserva de viviendas adaptadas
Camarero ha recordado que la normativa vigente establece una reserva obligatoria del 4 % de las Viviendas de Protección Pública (VPP) de promoción privada y del 7 % en las VPP de promoción pública para personas con discapacidad, reforzando además la exigencia de que estas viviendas sean accesibles y adaptadas.
Mejora de los requisitos de acceso
Asimismo, ha explicado que el límite de renta exigido se incrementa en un 0,5 % por cada persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % que forme parte de la unidad de convivencia.
Una visión integral de las políticas públicas
Camarero ha subrayado que estas medidas reflejan una visión integral en la que empleo, vivienda e igualdad de oportunidades avanzan de la mano para garantizar una inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad.
