La consellera de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, Carmen Ortí, ha celebrado este miércoles la entrada en vigor del nuevo Decreto de Convivencia en el sistema educativo valenciano, una norma que nace con el objetivo de reforzar la protección del alumnado —especialmente los más vulnerables—, prevenir la violencia y consolidar entornos escolares seguros, inclusivos y respetuosos. Ortí ha explicado que esta actualización responde “a una demanda del colectivo docente y de las familias ante el aumento de la violencia y el ciberacoso en los últimos años”. El nuevo texto sitúa a la Comunitat Valenciana “entre las autonomías con un marco de convivencia más avanzado y adaptado a las nuevas realidades sociales y tecnológicas”.
Un decreto fruto del consenso educativo y social
La consellera ha destacado que esta norma es el resultado de un procedimiento participativo, “abierto a la consulta pública e incorporando propuestas de todos los sectores del ámbito educativo y social”. Entre sus principales novedades, el decreto introduce una vertiente inclusiva al reforzar la protección de las víctimas y, en particular, del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de vulnerabilidad. Esta condición se considera un factor agravante a la hora de determinar la responsabilidad de quienes alteran la convivencia. “Representa un blindaje legal frente a las conductas que ponen en riesgo el bienestar en los centros”, ha asegurado Ortí, subrayando que la convivencia positiva se basa en la igualdad, la inclusión, el respeto a la diversidad y los derechos reconocidos en la legislación vigente.
La figura de coordinación de bienestar y protección
El nuevo decreto consolida también la figura de la coordinación de bienestar y protección , que se convierte en un elemento clave en la prevención y respuesta ante situaciones de conflicto o violencia. Este profesional, en colaboración con los equipos de orientación y bajo la supervisión de la dirección, será el encargado de medidas articulares de protección, activar los protocolos necesarios y coordinarse con los servicios sociales, recursos sanitarios y profesionales de salud mental infanto-juvenil. De este modo, se garantiza el derecho de las víctimas a ser informadas, participar en los procesos y recibir un trato respetuoso y empático en todo momento.
Regulación del uso de móviles y refuerzo de la autoridad docente
El Decreto también aborda aspectos de actualidad como el uso de los dispositivos móviles en el ámbito escolar , restringiendo su utilización únicamente a fines didácticos incluidos en el proyecto educativo del centro o por motivos de salud debidamente justificados. Con ello se busca mejorar la convivencia, prevenir el ciberacoso y cuidar el bienestar socioemocional del alumno. Además, la norma reconoce expresamente la autoridad del profesorado , garantizando su protección jurídica: cualquier agresión, lesión u ofensa hacia un docente en el ejercicio de sus funciones será considerada falta grave. Asimismo, se generalizan los procedimientos conciliadores y de mediación como herramientas para la resolución de conflictos y se agiliza la tramitación de expedientes disciplinarios graves para asegurar una respuesta rápida y proporcional.
Digitalización y agilidad en la gestión de casos
Como novedad en el ámbito administrativo, el decreto simplifica los procesos mediante la creación de un módulo específico en la plataforma ITACA , que permitirá realizar el seguimiento digital y unificado de los procedimientos relativos a la convivencia en los centros educativos. Esta medida, según Ortí, “moderniza la gestión interna de las incidencias y facilita la comunicación entre la administración, la comunidad educativa y los equipos directivos”.
Una norma para fortalecer los valores compartidos
En definitiva, con este nuevo decreto la Generalitat da un paso decisivo para actualizar la normativa de convivencia educativa y fortalecer la capacidad de los centros frente al incremento de incidentes en los últimos años. “Queremos escuelas donde cada niño se sienta seguro, respetado y escuchado”, ha afirmado Carmen Ortí, quien ha concluido destacando que este instrumento legal “protege los derechos del alumnado y del profesorado y promueve una educación basada en la convivencia, la mediación y el respeto mutuo”.
