La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) cuantifica por primera vez el impacto que tiene en las empresas transportistas el colapso del servicio de las ITV en la Comunitat. La pérdida de competitividad es un problema para el 64% de las empresas valencianas que tienen al menos dos vehículos en espera al año y tardan una media de dos meses en conseguir cita.
Los datos, recabados bajo la campaña ‘Ni un minuto más’, reflejan una situación de parálisis administrativa que está comprometiendo seriamente la actividad de las empresas de transporte y la seguridad jurídica de los profesionales.
Este problema estructural se suma al impacto negativo del encarecimiento del precio del combustible por la guerra de Irán que ha aumentado los costes operativos del sector del transporte por carretera y está afectando gravemente a la competitividad de un sector esencial para la economía valenciana.
Cifras críticas: retrasos y flotas paralizadas
Para cuantificar el impacto real, FVET ha lanzado una encuesta entre las empresas que forman parte de las asociaciones adheridas a la iniciativa ‘Ni Un Minuto Más’ (Propeller, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores -UATAE- o las federaciones de transportistas de Alicante y Castellón, entre otras) con el objetivo de visibilizar las pérdidas del transporte por carretera.
En este sentido, la percepción del servicio es alarmante: 7 de cada 10 lo califican con la puntuación mínima (1 sobre 5). Esta insatisfacción se sustenta principalmente en tiempos de espera inasumibles que bloquean la cadena logística: el 62,8% de los transportistas afirma tardar dos meses o más en conseguir una cita para sus vehículos de empresa. Pero, además, el impacto operativo es directo ya que el 57,7% de las empresas tiene o ha tenido vehículos de su flota parados por carecer de la inspección técnica vigente. De estas empresas afectadas, más de la mitad ha sufrido esta inmovilización durante una media de dos meses.
En este sentido y ante la imposibilidad de obtener cita en centros de la Comunitat, el 78,5% de las empresas del transporte ya no pasa la ITV de parte de su flota en sus fronteras y se desplaza a autonomías vecinas para evitar sanciones y poder seguir operando.
El coste de la inactividad: un lastre para la competitividad
Más allá de la carga administrativa, FVET advierte de las severas consecuencias económicas que acarrea la paralización forzosa de las flotas. Cada día que un camión permanece inmovilizado a la espera de una inspección técnica, las empresas dejan de cumplir con sus compromisos logísticos y afrontan costes fijos sin generar ingresos, lo que se traduce en una pérdida de ingresos estimada de 600 euros por camión al día.
Esta situación no solo asfixia la rentabilidad de las pymes y autónomos del sector, sino que debilita la capacidad exportadora de la Comunitat Valenciana en un momento en el que la agilidad de la cadena de suministro es clave para la economía regional.
Un modelo agotado que exige reformas
Carlos Prades, presidente de FVET, señala que estas cifras confirman el fracaso de la gestión actual: “No es solo una cuestión de incomodidad, es un perjuicio económico real. El sector no puede permitir que sus herramientas de trabajo estén paradas por la ineficiencia de un servicio público”.
La campaña ‘Ni un minuto más’, que ya cuenta también con el apoyo de la Unión de Consumidores, reclama una solución inmediata antes de la temporada estival. Entre las reivindicaciones recogidas en la encuesta por la Federación destacan el cambio de modelo de gestión y se demanda evolucionar hacia un sistema público-privado o totalmente liberalizado que elimine los cuellos de botella.
Además, las asociaciones profesionales demandan líneas y estaciones especializadas. Urge la creación de espacios exclusivos para vehículos industriales con horarios adaptados a la operativa del transporte. En paralelo, también exigen mayor flexibilidad y agilidad, recuperando la posibilidad de atención sin cita previa para profesionales y agilizar la facturación mediante la reapertura de fichas de cliente.
Por todo ello, Prades insiste en que: «este sistema es inaceptable cuando el servicio que se recibe genera tanta incertidumbre y pérdidas a un sector estratégico de la economía valenciana». Asimismo, “hay que añadir que el colapso del sistema de las ITV está impactando negativamente en la recaudación fiscal valenciana lastrando los ingresos públicos”.
