La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha abonado 54,8 millones de euros correspondientes a la Solicitud Única de 2025, ayudas directas de apoyo a la renta incluidas en la Política Agrícola Común. Según los datos de la conselleria, estas ayudas han alcanzado a 25.000 titulares de explotaciones agrícolas de la Comunitat Valenciana.
Compromiso con el sector en un año de recuperación
El conseller Miguel Barrachina ha subrayado que el Ejecutivo ha cumplido “con el compromiso de apoyar al sector agrario valenciano”, efectuando pagos ágiles en un contexto marcado por la recuperación tras fenómenos extremos como la sequía y la dana. Ha remarcado que el sector no solo afronta las particularidades propias de su actividad, sino también la “complejidad burocrática” derivada de las normativas europea y estatal para solicitar la PAC.
Relevancia económica de las ayudas
Durante la jornada sobre Política Agraria Común organizada por la Dirección General de PAC, Barrachina destacó que la cantidad abonada pone de manifiesto la importancia de estas ayudas para la rentabilidad del campo valenciano. Señaló que la negociación de la nueva PAC resulta clave, ya que la Comunitat podría perder 52 millones de euros anuales y dejar sin apoyo a 28.000 agricultores, de los cuales 24.000 están jubilados.
Un año condicionado por la sequía y la dana
El conseller recordó que 2025 ha sido un año marcado por la necesidad de recuperación tras los fuertes impactos de la sequía y la DANA. En este sentido, reiteró que la Generalitat seguirá acompañando al sector para garantizar que los agricultores reciban las ayudas que les corresponden y puedan mantener su actividad en condiciones adecuadas.
Exigencia al Gobierno ante la reforma de la PAC
La Generalitat reafirma así su apuesta por garantizar liquidez y estabilidad financiera para el sector agrario valenciano, reforzando su competitividad y sostenibilidad. Barrachina insistió en su llamamiento al Gobierno de España para que adopte una postura clara en Bruselas ante la reforma de la PAC, al advertir que está en riesgo la continuidad de 300.000 hectáreas de cultivo, cerca del 60% de la superficie agrícola activa.
