El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado que la Generalitat impulsará más de 421 millones de euros a través de 27 medidas de apoyo a empresas y familias de la Comunitat Valenciana ante la crisis derivada de la Guerra de Irán.
Un conjunto de acciones que se han presentado tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social en la que han participado el presidente de CEV, Vicente Lafuente; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García y el secretario general de UGT-PV, Constantino Calero.
Un documento vivo para proteger el tejido productivo
El jefe del Consell ha trasladado que las medidas anunciadas “conforman un documento vivo y abierto” y que se irá modulando a través de una comisión de seguimiento de la que formarán parte el Consell, la patronal y los sindicatos y que mantendrá reuniones periódicas conforme avance el conflicto.
Pérez Llorca ha señalado que el Ejecutivo autonómico “va a desplegar al máximo todas sus competencias y recursos para proteger a las familias y al sector empresarial” a través de una respuesta integral de 421,26 millones de euros movilizados entre ayudas directas, créditos bonificados y rebajas fiscales.
Así, ha destacado que “damos una respuesta integral, actuando en todos los frentes, desde la atención social a quienes más lo necesitan, a las clases medias y trabajadoras, la vivienda, la fiscalidad y el apoyo a autónomos, pymes, empresas y sector primario y energético”.
Distribución de los recursos y esfuerzo fiscal
De los 421,26 millones de euros que se van a movilizar, 137,96 millones corresponden a ayudas directas e indirectas, 153,3 millones a bajadas de impuestos y 130 millones a préstamos bonificados. Importes que se suman a los 97,2 millones de euros en deducciones del IRPF.
Pérez Llorca ha destacado este “esfuerzo” realizado por la Generalitat “con recursos propios”, lo que convierte a la Comunitat Valenciana en la segunda autonomía que más recursos destina a poner en marcha medidas contra la crisis “pese a ser la peor financiada de todas”.
Además, se suman otros 153,29 millones de euros en rebajas fiscales que corresponden a ingresos que la Generalitat no percibirá debido a las rebajas que el Gobierno central ha aprobado en impuestos como el IVA, los hidrocarburos y la electricidad y que afectan a tributos total o parcialmente cedidos a la Administración Autonómica.
Medidas para reducir el impacto del conflicto de Oriente Medio
Entre las 27 medidas puestas en marcha por el Consell destaca una ayuda directa para las hipotecas que cubra el aumento de los intereses durante los tres meses de vigencia del decreto del Gobierno de España, rondará los 180 euros por hipoteca y tendrá un coste estimado de 10 millones de euros.
Esta medida beneficiará a aquellas personas con un préstamo hipotecario a tipo variable de 200.000 euros, que tengan la vivienda habitual radicada en la Comunitat Valenciana y cuya renta máxima sea de 60.000 euros individual y de 78.000 conjunta.
Igualmente, en materia de vivienda se incluyen las nuevas ayudas extraordinarias al alquiler por valor de 15 millones de euros y la revisión al alza de los módulos de VPP para que su construcción siga siendo viable.
Atención social, transporte y financiación empresarial
De igual manera, se va a aumentar las ayudas a familias acogedoras y refuerzo de las transferencias a los ayuntamientos para la atención social por valor de 11,8 millones de euros al tiempo que se congelará los precios del transporte público y se apoyará la renovación de flotas de transporte por carretera que supondrá una inversión de 27 millones de euros. Asimismo, se activarán medidas específicas de apoyo a autónomos para amortiguar el incremento de los costes energéticos por un monto de cuatro millones de euros y se desarrollará una línea del IVF de financiación bonificada de 100 millones de euros para empresas afectadas por el incremento de los precios.
Además, se pondrán en marcha programas específicos de impulso a la actividad empresarial y a la internacionalización por valor de 54,66 millones de euros y se creará una línea de financiación bonificada de 30 millones de euros para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras y agroalimentarias.
También se desarrollará un plan de choque para agilizar proyectos de eficiencia energética y subvenciones para ayuntamientos por valor de 1,3 millones de euros.
